La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), volverá a debatir esta semana el proyecto de ley que busca modificar el Consejo de la Magistratura.
Será el viernes desde las 15 horas, en un día atípico para el trabajo en comisiones debido a que el sábado será el discurso del gobernador Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa, por lo que esta semana se extendió la labor legislativa.
La ley que regula el Consejo de la Magistratura fue modificada en 2022, durante el gobierno de Gustavo Bordet. Allí se destacaron algunos cambios como la inclusión de miembros de las universidades entrerrianas Uader y UNER, como así también la perspectiva de género. Sin embargo, desde la entonces oposición, actual oficialismo, se mostraron muy críticos y votaron en contra.
En los fundamentos del proyecto que envió ahora el Poder Ejecutivo, se sostiene que la “última reforma legal que ha merecido dicho organismo, ha generado una serie de inconvenientes de funcionamiento, que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada”. La nueva norma, señalan, “no hace más que profundizar las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma”.
Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura, participó de la reunión anterior y explicó: “Hoy tenemos una gran cantidad de vacancias en el Poder Judicial que hacen necesaria esta reforma. Hay que crear institutos que mejoren la dinámica de la normativa y que hagan que la cobertura sea mucho más rápida”.
Otras modificaciones
El nuevo proyecto, al cual accedió Bicameral, consagra el reconocimiento a la Uader, mediante la incorporación de académicos de esa casa de estudios, pero también promueve “participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región”.
Se habla así de tres docentes que formarán parte del organismo: uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”. Aquí se abre un interrogante respecto a la UNER, que sería desplazada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que sí tiene carrera pública de abogacía.