La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), seguirá con con el tratamiento del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, remitido por el Poder Ejecutivo. Será el próximo miércoles desde las 10 horas, continuando con el trabajo realizado durante enero y febrero en la extensión del período de sesiones ordinarias.
Durante una reunión realizada el pasado viernes por la tarde, la diputada Lena expresó: “Es un proyecto complejo, que trae reformas que son integrales que requieren no solamente estudio, sino también acuerdos entre los diputados de los diferentes bloques y en eso estamos empezando a trabajar”.
La legisladora comentó que la comisión recibió por escrito las sugerencias de los organismos que participaron de la reunión anterior. “Vamos a trabajar artículo por artículo, como lo hacemos siempre con estas leyes que refieren a instituciones importantes de la provincia y así como lo hicimos con la reforma de la ley electoral. No tenemos un tiempo para aprobarlo, pero tampoco tenemos pausa”, agregó.
Acerca de las vacancias, para cuya cobertura el Ejecutivo propone una serie de modificaciones a la ley, expresó: “Es uno de los temas medulares del proyecto. Hay más de 90 cargos sin estar efectivos dentro del Poder Judicial y hay concursos que desde el año 2009 no se han podido llevar adelante por diferentes recursos que se han presentado. Los jueces, defensores y fiscales, para que sus decisiones sean autónomas y trabajar con independencia, deben haber sido nombrados a través del Consejo de la Magistratura”.
La ley que regula el Consejo de la Magistratura fue modificada en 2022, durante el gobierno de Gustavo Bordet. Allí se destacaron algunos cambios como la inclusión de miembros de las universidades entrerrianas Uader y UNER, como así también la perspectiva de género. Sin embargo, desde la entonces oposición, actual oficialismo, se mostraron muy críticos y votaron en contra.
En los fundamentos del proyecto que envió ahora el Poder Ejecutivo, se sostiene que la “última reforma legal que ha merecido dicho organismo, ha generado una serie de inconvenientes de funcionamiento, que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada”. La nueva norma, señalan, “no hace más que profundizar las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma”.
Otras modificaciones
El nuevo proyecto, al cual accedió Bicameral, consagra el reconocimiento a la Uader, mediante la incorporación de académicos de esa casa de estudios, pero también promueve “participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región”.
Se habla así de tres docentes que formarán parte del organismo: uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”. Aquí se abre un interrogante respecto a la UNER, que sería desplazada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que sí tiene carrera pública de abogacía.