La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados tratará este martes un proyecto de ley presentado por Marcelo López (Juntos por Entre Ríos) que crea el Colegio de Agentes de Propaganda Médica de la Provincia de Entre Ríos (CAPMER), con sede en Paraná. Allí, según la norma, deberán matricularse profesionales que pretendan ejercer la profesión en el ámbito de la provincia. Fue ingresado en septiembre del año pasado y ya tuvo un primer tratamiento en marzo de este año, pero sin dictamen.
“La denominación ‘Agente de Propaganda Médica’ (en singular o plural) es reservada exclusivamente para personas físicas diplomadas en Universidades o Institutos de Enseñanza Oficiales o Privados reconocidos por el Estado Nacional o Provincial. Las personas diplomadas en el extranjero deberán revalidar su título ante el Estado Nacional, salvo que estén dispensadas de hacerlo en virtud de tratado o convenio internacional que así lo determine”, señala el artículo 4° de la iniciativa.
El proyecto del dirigente radical, al cual tuvo acceso Bicameral, deja claro que se considera Agente de Propaganda Médica a “toda actividad personal realizada en forma Pública o Privada, libremente o en relación de dependencia, que requiera de la capacitación que otorga el título y sea propia y específica” de los diplomados en la carrera vinculada con el sector. Los trabajadores de ese ámbito pueden prestar servicios, desempeñar cargos, ejercer como docentes y preparar actos de difusión y venta a médicos y otros profesionales relaconados con el mundo de la salud.
El Colegio, por su lado, tendrá a su cargo el cumplimiento de la ley y la defensa de los prestadores, asegurando “el decoro, la ética, la independencia y la individualidad de la profesión”. Además, podrá “colaborar con los poderes públicos, con el objeto de cumplimentar con las finalidades sociales de la actividad profesional; comparecer en juicios y contraer préstamos para actividades vinculadas con la institución. Tendrá un Consejo Directivo que sancionará un reglamento válido para la sede central y las eventuales seccionales que se abran en la provincia.
Lóéz explicitó también que la entidad podrá “formar y sostener una biblioteca pública que permita la actividad científica de la profesión, y además organizar, subvencionar, auspiciar, patrocinar y/o participar en Congresos, Conferencias y Reuniones que se realicen con fines útiles a la profesión, pudiendo realizar las correspondientes actividades administrativas contables que de esto surjan”.