Alertan por el cierre “inminente” de 60 centros educativos en toda la provincia

Diputadas provinciales del bloque Más para Entre Ríos manifestaron su preocupación por el “inminente” cierre de 60 centros educativos de diversos departamentos. De acuerdo a la mirada de las legisladoras, lo sucedido representa “una medida regresiva en términos de derechos y de acceso a la educación para sectores vulnerables” y piden una urgente intervención del Consejo General de Educación (CGE) para preservar su continuidad.

“Tal como expresa la Ley Provincial de Educación de Entre Ríos N° 9.890 que regula la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, resulta indispensable garantizar la modalidad presencial del sistema educativo para adolescentes, jóvenes y adultos que no hayan completado la escolaridad obligatoria en edad establecida reglamentariamente, comprendiendo programas de alfabetización, primaria, secundaria, formación profesional, educación laboral y no formal”, indica el Proyecto de Declaración, al cual tuvo acceso Bicameral, que está firmado por Silvina Deccó, Laura Stratta, Silvia Moreno y Lorena Arrozogaray.

Para las firmantes de la iniciativa, la Provincia presenta una “situación alarmante” que involucra a la sociedad en su conjunto, fundamentalmente a trabajadores docentes que forman parte de los establecimientos educativos, las familias y los estudiantes que asisten. Por eso mismo, subrayan que el posible cierre “representa un golpe directo al derecho a la educación”.

De acuerdo al relevamiento de las legisladoras justicialistas, las unidades que cerrarían están ubicadas en los departamentos Concordia (15) Paraná (9), La Paz (4), Gualeguaychú (4), Gualeguay (4), Federal (4) Federación (3), Diamante (3), Feliciano (3), Concepción del Uruguay (3), Nogoyá (3), Villaguay (2), Islas del Ibicuy (2), Victoria (1), y Colón (1). “Este recorte no solo limita el acceso a la alfabetización y la continuidad educativa, sino que vulnera derechos básicos, profundiza desigualdades y pone en riesgo la inclusión social de quienes más necesitan de la presencia del Estado. Cerrar estos centros implica abandonar a cientos de jóvenes y adultos que buscan, a través de la educación, mejores condiciones de vida y una participación plena en la sociedad”, afirmaron al respecto.