Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos busca asegurar que quienes ejerzan la función pública lo hagan "libres de efectos de sustancias psicotrópicas ilegales", a los efectos de garantizar el adecuado desempeño de sus responsabilidades.
La norma establece además la obligatoriedad de al menos un examen -orina, sangre, rinoscopia u otros- por año para diputados, senadores y funcionarios del Poder Legislativo. En caso de negarse, la prueba será considerada positiva y se iniciará un procedimiento interno.
La iniciativa, autoría de Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos), resalta que los serán realizados por laboratorios certificados o instituciones públicas de salud, bajo estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad.
"Los resultados de los exámenes tendrán carácter confidencial y estarán protegidos conforme a lo establecido en la Ley", se aclara. Y agrega: "El resultado será remitido a la autoridad de aplicación, quien garantizará su resguardo y sólo podrá divulgarlo en caso de resultado positivo".
En los fundamentos, el legislador apuntó que "la sociedad entrerriana demanda de manera creciente que quienes ejercen responsabilidades institucionales y funciones públicas lo hagan con plena aptitud física y psíquica, libres de adicciones que puedan condicionar la toma de decisiones o el ejercicio de sus funciones".
Por último, el legislador sostuvo: "La implementación de los controles de sustancias psicoactivas con vigencia anual permitirá contar con un mecanismo periódico de control, aleatorio, inmediato y no anunciado, previniendo el consumo de estupefacientes en los ámbitos de gobierno y garantizando que los funcionarios y agentes públicos se encuentren en condiciones plenas para cumplir con la responsabilidad que la ciudadanía les delega".