Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone modificar la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, estableciendo penas más severas para quienes realicen cazas en un campo ajeno sin la autorización correspondiente. De hecho la norma propone sentencias de hasta cuatro de años de cárcel, es decir, de cumplimiento efectivo. La iniciativa lleva la firma de la entrerriana del PRO, Nancy Ballejos.
En otros artículos los legisladores también aumentan las penas para quienes cacen animales silvestres cuya captura o comercialización estén prohibidas y para quienes efectúen el delito de modo organizado o con el concurso de tres o más personas o con armas. Se penaliza también la caza de especies declaradas monumentos naturales, así como el transporte, almacenamiento, compra o venta de piezas o subproductos derivados de la captura furtiva. Junto a ello, establecen multas de hasta 100 millones de pesos, la suspensión de licencias y el cierre de comercios que no cumplan con las disposiciones.
"La realidad del siglo XXI exige que actualicemos de manera integral las penas, multas e inhabilitaciones, con la finalidad de adecuar la respuesta punitiva del Estado a la magnitud del daño que la caza furtiva, el comercio y el tráfico ilegal de fauna causan sobre la biodiversidad, que goza de protección constitucional conforme artículo 41 a partir de la reforma de la ley suprema en 1994″, indicaron los diputados en sus fundamentos. Y agregaron: "El caso paradigmático es el de la panthera onca, conocida como yaguareté, jaguar o tigre overo, especie nativa y emblemática de nuestro país. A comienzos del siglo XX su distribución abarcaba gran parte del territorio argentino, desde el norte hasta el río Colorado. Hoy, su presencia se restringe a pequeños reductos de las Yungas de Salta y Jujuy, la selva misionera y alguna región del Chaco. En la actualidad, la especie se encuentra en peligro crítico de extinción, con apenas unos doscientos veinte individuos distribuidos en todo el país".
Los firmantes explicaron que las penas buscan "que las conductas de caza furtiva, individual u organizada, el tráfico, y la comercialización de la fauna silvestre reciban una sanción proporcional y disuasiva, acorde al daño irreparable que producen". Y finalizaron: "El presente proyecto asume un compromiso concreto con la protección de la fauna silvestre y el fortalecimiento de las sanciones penales en materia ambiental. La actualización de las penas y sanciones tiene la finalidad prevenir y disuadir consolidando un marco jurídico justo, proporcional y contemporáneo que dará respuesta a la realidad imperante".