La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados debatirá el próximo martes desde las 10 horas dos proyectos de ley que proponen incorporar educación financiera en la educación entrerriana.
Por un lado, se trata de un proyecto de ley que tiene como objetivo que le Educación Financiera esté dentro de la currícula infantil desde el Nivel Inicial. La iniciativa fue ingresada por Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos) y tiene como fin la “prevención de fraudes financieros”. Según supo Bicameral, otro proyecto similar pertenece a la diputada Mariana Bentos, que propone dictar educación financiera, programación y robótica para escuelas secundarias. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de gran parte de la bancada de Juntos.
Los proyectos ya fueron abordados a comienzos de año y volverán a ponerse en agenda.
Durante la misma reunión, también se abordará un proyecto que propone que una institución educativa de la provincia lleve el nombre del exgobernadora Raúl Uranga.
Los objetivos de la iniciativa que lleva la firma de Sarubi, entre otros, son “concientizar acerca de la importancia del ahorro, la planificación financiera y la correcta administración de los recursos”, la “prevención de ciberdelitos” y “proveer a los ciudadanos del conocimiento necesario en torno al crédito y la inversión”.
Según el texto propuesto por el bloque de Juntos, los programas de educación financiera deberán incluir, al menos, contenidos como nociones básicas de contabilidad, presupuesto, contratos, tarjetas, criptomonedas y delitos financieros.
Asimismo, prevé que se creen programas de capacitación para docentes en el área de educación financiera e incluso la “colaboración” con bancos. “El Consejo General de Educación coordinará la implementación de esta ley con entidades financieras, colaborando en la promoción y difusión de recursos didácticos y talleres prácticos que complementen la enseñanza teórica”, manda el proyecto.
En los fundamentos, el exintendente de La Paz advirtió una “alarmante proliferación de estafas y fraudes financieros y los consecuentes perjuicios patrimoniales que sufren a diario los ciudadanos víctimas de estos ilícitos”. Esto hace necesario, según el legislador, “fomentar una cultura de responsabilidad en la gestión de las finanzas personales y prevenir la comisión de fraudes financieros”.
Por ejemplo, propone enseñar “diferenciar entre inversiones de bajo riesgo o con riesgo moderado y aquellas que no representan una inversión, pudiendo ser estafas piramidales o fraudes, como lo son los esquemas Ponzi”.