Un grupo de diputados radicales presentó un proyecto que busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles.
Según supo Bicameral, el radical entrerriano Atilio Benedetti (UCR) acompaña el proyecto de su par de bancada Lisandro Nieri, que también lleva las firmas de Pamela Verasay, Karina Banfi, Fabio Quetglas y Martín Tetaz.
El proyecto busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles. El objetivo es asegurar que esta decisión se ejerza en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento.
En su artículo octavo considera que “las personas mayores de dieciséis años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley”.
Según consignó TN, el proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
La norma presentada por la UCR modifica el Código Penal que, otorga seguridad jurídica a los profesionales, estableciendo en su artículo 83: “No es delito la ayuda al suicidio ni la muerte causada como consecuencia de la realización de prácticas eutanásicas o de muerte asistida, que cuente con el consentimiento libre e informado del paciente que esté sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico y limitante, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido por la ley que regula la interrupción de la vida”
Establece además la sanción con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la autoridad del establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilate injustificadamente, obstaculice o se niegue a realizar la interrupción de la vida en los casos legalmente autorizados.
“La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios. Queremos dar certeza a los profesionales de la salud y a las familias, estableciendo procedimientos claros, transparentes y supervisados por comisiones médicas”, explicó el diputado radical por Mendoza.
La jurisprudencia argentina también ha avanzado en esta dirección, reconociendo el derecho a la autodeterminación sanitaria y la dignidad como ejes rectores del sistema de salud. “Regular la eutanasia no significa promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y reconocer un reclamo social y profesional de larga data”, cerró en sus fundamentos.