Un proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados de Entre Ríos por el Poder Ejecutivo busca prorrogar por un año la Emergencia en Obra Pública, que vence en pocos días. La norma entró a la Legislatura el viernes último y será tratada este mismo martes a las 9 en una reunión de la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento.
En la iniciativa, a la cual tuvo acceso Bicameral, la gestión provincial señaló que la solicitud a los legisladores "resulta necesaria y razonable frente a la persistencia de las circunstancias extraordinarias que motivaron su dictado y la sucesión de otros hechos, normas y convenios que sobrevinieron a su sanción, aparejando un impacto administrativo, financiero y jurídico de carácter significativo". Y agregaron: "En particular, corresponde destacar la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por Decreto Nº 1020/2024 PEN, y la consecuente transferencia a la Provincia de Entre Ríos de la ejecución, administración y cierre de numerosas obras públicas financiadas originalmente con fondos nacionales".
Desde el Ejecutivo resaltaron que la situación derivó en la suscripción del Convenio Marco de Colaboración entre Nación y Provincia, junto con sus respectivos acuerdos específicos, mediante los cuales el Estado Provincial asumió obligaciones que implican "complejos procesos de regularización administrativa y financiera". Y acotaron: "La implementación de dichos acuerdos ha generado un volumen extraordinario de trámites administrativos, particularmente en materia de solicitudes de adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de precios, muchas de las cuales se rigen por normativa nacional diversa a la aplicada por los organismos provinciales competentes, lo que hace necesario extremar los controles y adecuar los procedimientos de formación de la voluntad estatal. El cúmulo de expedientes, los procedimientos sucesivos de aprobación y la posterior emisión de certificados de obra, determinan plazos prolongados que exceden los términos ordinarios previstos en la legislación vigente, tornándose inviable su conclusión sin la continuidad del régimen de emergencia".
Para cerrar, el texto sostiene que la normativa vigente "ha permitido instrumentar novedosos y eficientes mecanismos de asistencia financiera y reconocimiento de deuda a favor de los contratistas del Estado Provincial, orientados a regularizar certificados de obra emitidos e impagos bajo esquemas previsibles, transparentes y acordes a las disponibilidades financieras de la Provincia. Sin embargo, una parte sustancial de las obras transferidas a la Provincia, presenta certificados aún pendientes de emisión como consecuencia directa de redeterminaciones y adecuaciones no concluidas, lo que impide la inclusión de dichas empresas en los mecanismos previstos".