Un pedido de informes presentado por diputados de Más para Entre Ríos solicita conocer una serie de aspectos vinculados a la Obra Social de Entre Ríos (OSER -exIosper). La iniciativa lleva la firma de Lorena Arrozogaray y es rubricada por otros ocho compañeros de su bancada justicialista.
En el texto, se pide la nómina de pagos efectuados sin Certificado de Libre Deuda emitido por ATER, entre el 1 de junio del año pasado y el presente. También, una copia de las resoluciones a través de las cuales se haya reestructurado el área de Control del Gasto y se de a conocer detalles del personal designado en reemplazo de las tres contadoras que fueron recientemente desplazadas, actitud que fue criticada por la oposición. También manifestaron su intención de acceder a los contratos de locación, de inmuebles o servicios; así como también de las auditorías internas de personal y pagos. Entre otros puntos, los diputados subrayaron la necesidad de contar con información sobre actuaciones administrativas, así como sentencias judiciales.
"El presente pedido de informes se formula en ejercicio de una competencia constitucional indelegable de esta Honorable Cámara, y encuentra sustento adicional en el régimen específico de control, fiscalización y responsabilidad establecido por la Ley N° 11.202, que creó la Obra Social de Entre Ríos como ente público autárquico, administrador de recursos de naturaleza claramente pública", resaltaron los legisladores en sus fundamentos. Y agregaron: "La OSER administra fondos que integran el patrimonio del Estado Provincial, debiendo hacerlo bajo los principios de eficiencia, transparencia, planificación financiera, control y protección del patrimonio. Dichos mandatos no son programáticos, generan responsabilidad directa y personal en cabeza del Directorio y de los funcionarios que autorizan gastos y decisiones administrativas".
Para Arrozogaray y compañía, situaciones que han tenido lugar dentro de la OSER pueden configurar un desvío de poder y arbitrariedad de actos administrativos, así como una violación a la estabilidad e idoneidad del empleo público. Sospechan, en ese sentido, que existen irregularidades en pagos y un "desmantelamiento" de controles fiscales.