Un proyecto de ley presentado recientemente en la Cámara de Diputados busca implementar en toda la provincia de Entre Ríos el servicio de playas accesibles para personas con discapacidad.
De acuerdo a la iniciativa a la cual accedió Bicameral, se considera playa accesible aquel espacio que garantiza un entorno adecuado para la recreación de personas con movilidad reducida, discapacidades sensoriales o cognitivas, asegurando el acceso tanto a la zona de agua, playas de arena y zonas secas, para que sean utilizadas con seguridad y confort independientemente del tipo de discapacidad que se posea.
Para ser accesible, la playa deberá cumplir con algunos estándares para garantizar el acceso, como disponer de estacionamientos reservados en el sector de playas para vehículo personal o familiar, garantizando que sean aquellos que faciliten la autonomía o ingreso de la persona con acompañante; en caso de la utilización de transporte público, deberá articular con las autoridades de transporte para prever una parada en el sector de playas más cercano, que brinde accesibilidad y autonomía.
Deberá además contar con un sendero de acceso exclusivo que conecte el lugar de estacionamiento o acceso principal de la playa a una distancia cercana al agua. A su vez, cada playa deberá contar con baños exclusivos y adaptados para personas con discapacidad y en lugares accesibles, que se encuentren dentro del sector destinado a ellas.
Por otro lado, deberá haber sillas y muletas anfibias que permitan el ingreso y egreso del agua a través de rampas construidas a tal fin, además de contar con chalecos salvavidas, debiendo brindarse dichos elementos de manera gratuita.
El proyecto que lleva la firma de Érica Vázquez (Juntos por Entre Ríos) dispone que el equipo de guardavidas y personal de mantenimiento que trabaje dentro de la playa, deberá garantizársele la capacitación adecuada para la atención de las personas con discapacidad o movilidad reducida
"La accesibilidad no constituye un privilegio ni una política sectorial: es una condición básica de ciudadanía. La exclusión del espacio público, aun cuando sea producto de barreras físicas u omisiones normativas, implica una vulneración concreta al derecho a la igualdad y a la participación plena en la vida social, cultural y recreativa de la comunidad. En este sentido, las playas —como espacios naturales de encuentro, identidad, turismo y bienestar— deben ser concebidas como bienes comunes disponibles para todas las personas, sin distinción alguna", sostiene el proyecto en sus fundamentos.