Un pedido de informe presentado esta semana en la Cámara de Diputados busca conocer detalles sobre la sobre la infraestructura carcelaria, centros de guarda, detención, custodia y tratamiento para adolescentes infractores de la ley mayores de 14 años en el ámbito del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, así como el número de "equipos técnicos interdisciplinarios disponibles para su atención, detallando cantidad, ubicación, capacidad de alojamiento y nivel de ocupación de los establecimientos existentes".
En este sentido, la iniciativa a la cual accedió Bicameral pregunta si existen en la provincia establecimientos o sectores específicos destinados al alojamiento de personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, indicando su dependencia administrativa y condiciones de funcionamiento. A su vez, pide que se informe la cantidad actual de adolescentes privados de libertad en la provincia, indicando edad, situación procesal y lugar de alojamiento.
Por otro lado, pregunta sobre la capacidad total del sistema penitenciario provincial y si existen "planes de ampliación de infraestructura, construcción de nuevos establecimientos o adecuación de los existentes". Por último, busca que se detallen los programas educativos, de salud, asistencia psicológica y reinserción social destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal
"La nueva Ley Penal Juvenil (Ley 27.801) de modificación del actual Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278), que disminuye a 14 años la edad de imputabilidad, reabre un debate profundo sobre la capacidad real que tienen las provincias para implementar una reforma de estas características, sostiene la iniciativa que lleva la firma de Enrique Cresto (Más para Entre Ríos).
El diputado señala que la modificación del régimen penal juvenil "implica nuevas responsabilidades para los sistemas institucionales provinciales, que deben garantizar lugares adecuados de alojamiento, equipos técnicos especializados y programas de abordaje específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal".
En el caso de Entre Ríos, "la información disponible indica que el sistema penitenciario ha experimentado un crecimiento muy significativo en las últimas décadas". Remarca que mientras que alrededor del año 2000 la población carcelaria "rondaba las 700 personas privadas de libertad, en la actualidad se aproxima a las 2.800 o 2.900 personas detenidas, lo que implica que en aproximadamente veinticinco años el sistema prácticamente se ha triplicado".
Es por ello que en sus fundamentos, se remarca que "distintos informes advierten que varias unidades penitenciarias funcionan actualmente con niveles de ocupación elevados, lo que genera interrogantes sobre la capacidad del sistema para afrontar nuevas demandas".