Un pedido de informes ingresado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos solicita una serie de datos a la Caja de Jubilaciones en relación a medidas de control de aportantes y su impacto en el empleo público, especialmente en modalidades precarizadas. También indaga sobre situaciones que tuvieron lugar en Concordia, donde se constataron incompatibilidades entre funcionarios que se desempeñaban para el Poder Ejecutivo cobrando a su vez una jubilación.
En concreto, se pretende conocer la cantidad total de agentes activos aportantes a la Caja, desagregados por Escalafón General, Carrera Sanitaria, Seguridad, Docentes, Poder Judicial, Legislativo y Municipios adheridos al sistema provincial. Además, los "mecanismos, auditorías o medidas de control de regularidad que implementa activamente este organismo para constatar la correspondencia entre la cantidad real de trabajadores contratados (bajo modalidades de planta transitoria, locación de servicios, contratos de obra, funcionarios políticos , legisladores locales o figuras análogas de prestación de servicios continuados) en los distintos estamentos del Estado Provincial y Municipal, y los aportes previsionales efectivamente ingresados".
Junto a ello, el pedido presentado por Enrique Cresto (Más para Entre Ríos) busca saber si se han efectuado relevamientos o actuaciones vinculadas al cumplimiento del precedente “Rovira c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos”, mediante el cual se estableció la incompatibilidad entre la percepción del haber jubilatorio y el desempeño de tareas remuneradas o ad honorem en el ámbito estatal, y si ese organismo ha investigado la utilización de códigos no remunerativos —en particular el código N° 600 implementado por la Municipalidad de Concordia— como posible mecanismo de evasión o elusión de aportes previsionales al sistema provincial".
El exintendente de Concordia busca también saber si el organismo previsional "posee un registro o relevamiento del personal estatal que cumple funciones bajo modalidades de precarización laboral (monotributistas o contratados sin aportes a esta Caja) que representen potenciales pasivos contingentes para el sistema", entre otros puntos.
"El sostenimiento del principio de solidaridad y el equilibrio financiero de la Caja requiere un control estricto sobre la relación activo/pasivo y, fundamentalmente, sobre la regularidad de los aportes devengados. La proliferación de figuras contractuales transitorias o de locación de servicios en el ámbito estatal —muchas veces utilizadas de manera sostenida en el tiempo para cubrir necesidades permanentes de la administración— no solo vulnera derechos laborales elementales, sino que priva al sistema previsional de aportes genuinos en el presente, generando un severo desfinanciamiento", resaltó Cresto en los fundamentos del pedido de informes. Y agregó: "Resulta imperioso que el organismo rector de la seguridad social de Entre Ríos detalle que medidas de control preventivo está adoptando frente a estas prácticas de contratación que desfinancian el sistema, y cómo prevé mitigar o reestructurar el flujo de recaudación e impacto actuarial que el reconocimiento de estos derechos laborales y previsionales generará de forma inminente en las arcas provinciales".