La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se reunió, tal cual adelantó Bicameral, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del mecanismo legislativo que propone un marco regulatorio para el procedimiento constitucional diseñado para juzgar la responsabilidad política de los funcionarios públicos de alta jerarquía en la provincia.
Durante el encuentro parlamentario, la presidenta de la comisión, Gabriela Lena, argumentó que la Carta Magna contempla el juicio político de fondo, pero carece de los pasos detallados para instrumentarlo. En este punto, la legisladora explicó: “El texto normativo viene a suplir la falta de precisiones sobre la apertura del proceso investigativo, las notificaciones, los plazos probatorios y la forma de ejercer la defensa”. Según la legisladora radical, el fundamento más relevante radica en la necesidad de otorgar un “marco de previsibilidad, certeza jurídica y consistencia constitucional al instituto del juicio político, de modo que se consolide como una herramienta de equilibrio entre los Poderes del Estado y no como un factor de incertidumbre”.
El proceso parlamentario busca, de esta forma, adecuar el encuadre legal utilizando como herramienta subsidiaria el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Los miembros de la comisión se abocaron a analizar el proyecto artículo por artículo, en compañía del autor de otro expediente de similar tenor presentado en gestiones pasadas, el senador Juan Pablo Cosso, así como consideraron propuestas del ex-legislador y actual secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor.
El proyecto de Lena
De acuerdo al proyecto al que accedió este medio, la legisladora habla de algunas "lagunas" y propone establecer precisiones. Lena recuerda que "en los últimos dos años nos encontramos con diferentes pedidos de juicios político". A finales del 2024 fue contra la vocal del STJ Gisela Schumacher y a finales del 2025 contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Susana Medina de Risso.
"Al cumplimentar con los artículos 138 a 154 de la Constitución Provincial, advertí con mis pares, diferentes vicisitudes y falencias en cuanto al proceso que debe regir para sobrellevar un juicio político, que es de carácter excepcional", sostuvo.
"En efecto, el legislador al dictar la norma de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, dejo ciertas lagunas del derecho en cuanto al ‘proceso’ que debe regir y este proyecto viene a reglamentar la normativa utilizando herramientas del propio Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos", destacó.
El proyecto de 37 artículos cuenta con el acompañamiento de varios de sus pares de bloque, y en sus fundamentos habla de "otorgar al proceso de juicio político un marco normativo claro, previsible y constitucionalmente consistente, que lo consolide como un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional".
Los antecedentes
A fines de 2021 Vitor, por entonces diputado provincial y presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento.
"Reglamentar el Juicio Político es una deuda que tenemos que saldar y que requiere del compromiso y la responsabilidad de los legisladores de todos los partidos. El proyecto que presenté se basa en un estudio de los antecedentes que han presentado mis pares a lo largo de los años, pero con modificaciones que considero trascendentales para garantizar la calidad del proceso", fundamentó Vitor.
El actual secretario Legal de la provincia remarcó la necesidad de establecer lineamientos precisos. "La idea es que cada pedido de Juicio Político que se presente sea tratado en tiempo y forma y con las garantías necesarias. Es importante que así se dé curso al pedido o se desestime la denuncia, se haga en un tiempo prudente y dando a conocer las justificaciones de la decisión", enfatizó.
Como se mencionó, el otro proyecto fue ingresado también el pasado período legislativo, por el exdiputado peronista Cosso. La iniciativa contó con el acompañamiento de entonces presidente de la Cámara baja, Ángel Giano. La norma, de 53 artículos, señaló las experiencias recientes y las normas similares que apuntaron a la regulación del instituto.
"La propuesta que se pone a consideración incluye la regulación de cuestiones que se presentaron en la práctica del procedimiento, asociadas a la taxatividad de las personas sujetas a juicio político, las actuaciones de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, el ejercicio del acusado de su derecho a la defensa, la incorporación de medios tecnológicos, los plazos del proceso, la eventual renuncia del denunciado, entre otras", se explicó.
La norma delineada por el actual senador llegó incluso a tratarse en las comisiones, pero finalmente no prosperó.