Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados de Ente Ríos manifiesta preocupación ante la iniciativa legislativa anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional de modificar el régimen aplicable al ejercicio de los corredores públicos inmobiliarios. De acuerdo al texto, lo propuesto por Casa Rosada puede "afectar las competencias constitucionales de las provincias para regular el ejercicio profesional, los sistemas de matriculación, los mecanismos de control ético y disciplinario y la protección de los consumidores".
En la Resolución, autoría del justicialista Enrique Cresto, se dio cuenta de que la regulación del ejercicio de las profesiones liberales constituye una competencia propia de las provincias, siendo el poder de policía profesional una facultad no delegada. En ese marco, se solicita que los legisladores "defiendan las competencias provinciales en materia de regulación del ejercicio profesional y promuevan un amplio proceso de consulta con los colegios profesionales y las instituciones representativas del sector".
"La intermediación inmobiliaria implica la participación en operaciones de significativa trascendencia económica y jurídica para las personas, por lo que requiere conocimientos técnicos y responsabilidad profesional. En ese marco, la matrícula profesional constituye una garantía para la sociedad, ya que asegura la idoneidad, la capacitación permanente y el sometimiento de los profesionales a normas éticas y disciplinarias, contribuyendo además a la protección de los derechos de consumidores y usuarios", apuntó el diputado en sus fundamentos. Y agregó: "La presente resolución no pretende cuestionar los procesos de modernización normativa, sino reafirmar que toda reforma debe respetar el sistema federal argentino, las autonomías provinciales y los
mecanismos institucionales que garantizan un ejercicio profesional responsable y la adecuada protección de la ciudadanía".
