Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone cambios en la Ley de Prevención del Suicidio, estableciendo una capacitación obligatoria para todos los agentes que se desempeñen en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De acuerdo a la iniciativa, a la cual tuvo acceso Bicameral y que lleva la firma de la entrerriana justicialista Marianela Marclay, la capacitación deberá ser acreditada dentro de los primeros seis meses desde el inicio de la relación funcional o laboral, debiendo renovarse mediante "actualizaciones bienales ajustadas a la evidencia científica y a los estándares nacionales e internacionales en la materia". Los programas incluirán detección temprana de señales de alerta y factores de riesgo y protección; técnicas de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP); reducción de estigmas; protocolos de actuación y rutas de derivación asistencial; estrategias de prevención comunitaria e institucional; pautas de comunicación responsable.
"La urgencia de consagrar un marco legal operativo y exigible encuentra sustento ineludible en el dramático escenario epidemiológico que atraviesa nuestro país. De acuerdo con los registros de las Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación y las series de seguridad pública, en la Argentina se registran anualmente más de 3.600 muertes por suicidio, configurando un promedio desgarrador de 10 decesos diarios que supera ampliamente la cantidad de víctimas fatales por homicidios dolosos", indicaron los autores en los fundamentos.
En otro apartado de sus argumentos, los firmantes apuntaron: "Esta tragedia colectiva reviste un sesgo generacional alarmante, el suicidio se ha consolidado como la principal causa de muerte por causas externas en personas de 15 a 24 años y ha escalado de manera crítica en la franja de 25 a 34 años, coexistiendo con una marcada asimetría de género donde cuatro de cada cinco víctimas son varones". Y para cerrar, subrayaron: "Frente a este récord, que refleja el impacto de los determinantes socioeconómicos, la pérdida de horizontes de futuro y la insuficiencia de los dispositivos asistenciales territoriales, el Estado Nacional no puede permanecer como un espectador pasivo ni limitar su accionar a respuestas espasmódicas, siendo imperioso dotar a toda la función pública de herramientas concretas de intervención temprana".
