Un pedido de informes ingresado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos pide conocer si está en trámite una reforma del diseño curricular de las Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos en la provincia.
La iniciativa, presentada por el justicialista Enrique Cresto, indaga sobre los establecimientos alcanzados y sus autoridades, junto a los objetivos pedagógicos y los fundamentos normativos nacionales, federales y provinciales de la propuesta. Además, que identifique qué adecuaciones son obligatorias y si hubo algún tipo de requerimiento nacional al respecto. Resalta también la necesidad de saber cuál es el cronograma previsto para llevarlo adelante, pensando en una eventual proyección hacia 2027.
Cresto subrayó también que se debe conocer si hubo instancias de participación con estudiantes, docentes, directivos y otras autoridades de las escuelas. Junto a ello, dos puntos claves: qué mecanismos se adoptarán para garantizar la estabilidad laboral, la continuidad de las cargas horarias y los derechos de docentes titulares, interinos y suplentes; y si se prevén cierres, fusiones, absorciones institucionales, transformación de escuelas en anexos, reducción de cursos, cambios de sede o de turnos.
"Terminar el secundario significa mucho más que obtener un título. Amplía las posibilidades de acceder a un empleo, mejorar las condiciones laborales y continuar estudios. También fortalece la autonomía, la autoestima y la participación ciudadana. Para muchas madres y padres, representa además un ejemplo para sus hijos y la posibilidad de construir un futuro diferente para toda la familia", indicó Cresto en sus fundamentos. Y agregó: "Cercenar ese derecho mediante el cierre de espacios, la reducción de oportunidades o barreras que hagan imposible sostener el cursado significaría volver a excluir a quienes buscan superar una desigualdad previa. La pérdida de una escuela, un turno accesible o un acompañamiento docente puede convertir una posibilidad concreta de estudiar en una promesa inalcanzable. El derecho debe garantizarse en las condiciones reales de vida de sus destinatarios".
Para cerrar, el legislador destacó: "No se presume aquí que exista un cierre general de escuelas ni una reducción de horas aprobada. Se requiere información verificable sobre la propuesta, su presupuesto y sus consecuencias, en ejercicio del control legislativo. La educación no tiene edad: garantizar una nueva oportunidad es una responsabilidad pública que no puede quedar subordinada a una meta de ahorro. Por estas razones, solicito el acompañamiento de mis pares",
