Un pedido de informes realizado en la Cámara de Diputados de la Nación y que lleva la firma de la entrerriana Marcela Antola (Democracia para Todos) solicita que el Poder Ejecutivo brinde información sobre la licitación por casi $4 mil millones que fue otorgada a una empresa de la familia Menem. De hecho, hasta hace poco tiempo, era accionista de la compañía Martín Menem, actual titular del cuerpo legislativo.
La firma en cuestión es Tech Security, quien ganó una pulseada de precios para hacerse acreedora de la seguridad del Banco Nación en cinco sucursales, incluyendo la Casa Central de la entidad. El monto con el que se alzará la empresa asciende a casi $4 mil millones. En ese sentido, los legisladores piden conocer los “fundamentos económicos” por los cuales se definió la adjudicación, así cómo la nómina completa de oferentes y la documentación que acredita la preadjudicación a la empresa de la familia vinculada al fallecido expresidente de la Nación, Carlos Menem.
“Si bien es cierto, Señor Presidente, que usted se desprendió de su participación accionaria antes de asumir como legislador, no podemos negar que resulta cuanto menos poco transparente que la empresa familiar pueda realizar negocios con la banca pública, mientras uno de sus miembros está en línea de sucesión presidencial. La empresa TECH SECURITY presta servicios integrales en eventos masivos y cuenta con una importante presencia en el fútbol argentino, y en los últimos años su despliegue se ha extendido a otros estadios del país”, indicaron los legisladores en la iniciativa, en la cual se dirigen especialmente a Martín Menem.
Los diputados afirmaron luego que Tech Security ya mantiene contratos con sectores públicos y fue llamada para brindar servicios en la presentación de un libro del presidente Javier Milei. Apuntan a que la compañía ya tuvo contratos por un año con el Banco Nación y que esta vez es por 24 meses -con opción de dos años más- lo cual “implica un serio conflicto de intereses y socava la idea transparencia, eficiencia y compromiso de todo proceso de licitación pública”.
“Obtener información suficiente y veraz resulta esencial para que el Congreso lleve a cabo una evaluación adecuada del proceso de preadjudicación y tome, si corresponde, medidas correctivas frente a posibles desvíos o irregularidades detectadas”, finalizaron Antola y compañía.