Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (Unión por la Patria), la oposición pasó a la firma el dictamen de distintos proyectos de resolución y declaración por los cuales se reclama al Poder Ejecutivo que frene la baja de pensiones por invalidez y restituya aquellas que habían sido suspendidas. Entre las iniciativas, hay una de la justicialista entrerriana Blanca Osuna.
“Las provincias fueron expresándose con reclamos de distintos formatos y con respuestas positivas, como el caso de Catamarca con una medida judicial con orden de restitución de pensiones”, explicó la legisladora en el encuentro. También mencionó a La Rioja y Misiones con acciones por parte de los gobernadores, y Buenos Aires y Formosa con presentaciones por parte de los defensores del Pueblo.
Los fundamentos del proyecto de Osuna
“Si bien la auditoría de beneficios constituye una herramienta legítima y necesaria para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, dichos procesos no pueden realizarse mediante modalidades que vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ni que omitan los ajustes razonables que exige su participación efectiva. La única argumentación aparente de las auditorias de ANDIS es la motosierra”, resaltó Osuna en los argumentos de su proyecto, que oportunamente detalló Bicameral.
Agregó luego que los operativos deben efectuarse “considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en nuestro país, establece en su artículo 28 el derecho a una protección social adecuada y que cualquier medida administrativa que pudiera implicar la pérdida o suspensión de beneficios debe instrumentarse con salvaguardas suficientes que eviten la vulneración de derechos“.
En el texto, la exintendenta de Paraná detalló una serie de situaciones que consideró que colaboraron a que las auditorías no fueran efectivas: falta de articulación con los gobiernos provinciales; citaciones a distancias irrazonables; desinformación generalizada; uso de terminología discriminatoria; dificultades en la notificación; falta de accesibilidad a instructivos y ausencia de información clave que podría colaborar a que los actuales beneficiarios pudieran realizar el trámite sin problemas.
“La crueldad e inhumanidad que caracterizan a este gobierno se hacen evidentes no solo en sus políticas, sino también en las irregularidades que rodean su accionar administrativo. Esta actitud pone en serio riesgo el sistema democrático y el Estado de Derecho”, finalizó Osuna.