Diputados de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara baja nacional debatieron el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que cuenta con media sanción del Senado.
A lo largo de las intervenciones, hubo un respaldo mayoritario al texto y algunos pedidos de incorporaciones.
El radical entrerriano Atilio Benedetti aseguró su apoyo rotundo a la ley, que definió como “una norma trascendente”, pero advirtió que “esto no va a ser neutro, las reconversiones no son gratis”. El diputado enfatizó que “el momento que están pasando las industrias de Argentina no son comparables con otros países”, producto no solo de la pandemia, sino de “una presión impositiva totalmente exagerada” y la “obligación de mantener los precios máximos”.
En ese sentido, según reprodujo Parlamentario, el diputado apuntó que existiría “un corsé de dificultades para adaptarse” a una ley de este tipo, y consideró que 180 días es un plazo “absolutamente escaso”.
Además, anunció que, en el marco del debate del impuesto a las Ganancias para sociedades, planteará que “todas las reinversiones tengan una consideración en particular a lo que refiere a Ganancias”.
El proyecto busca que los alimentos y las bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos -calorías, sodio, azúcares o grasas- deberán llevar en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda, de color negro y forma octogonal.
Estos productos, y principalmente los dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tendrán prohibida la publicidad, promoción y patrocinio; y, además, no podrán venderse en los kioscos de las escuelas.
Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 12 meses, también prorrogables.
Además indica que las sanciones a las empresas serán las contempladas en la normativa de Lealtad Comercial; y encomienda al Poder Ejecutivo a reformular el Código Alimentario como sea necesario, entre otros puntos.