Un proyecto de ley presentado por la senadora nacional Patricia Díaz (PJ-La Paz) propone crear un Régimen Provincial de Integridad y Habilidad para Contratar con el Estado. De acuerdo a la iniciativa de la legisladora, el fin es "garantizar la transparencia, moralidad administrativa y protección del patrimonio público en toda contratación celebrada por la Provincia de Entre Ríos".
La norma tendrá como ámbito de aplicación la Administración Pública Central y Descentralizada, los entes autárquicos, los fondos fiduciarios, las empresas con participación estatal mayoritaria y el Poder Judicial. "Las disposiciones de esta ley establecen condiciones objetivas de elegibilidad y habilidad para contratar, no constituyendo sanción penal ni administrativa, sino requisitos preventivos fundados en el interés público comprometido en la contratación estatal", reza en su artículo 3°.
Díaz estableció una serie de particularidades que convierten a alguien "inhábil" para contratar: condenas, sentencias en juicios abreviados, causas de corrupción o ilícitos serán algunos de los impedimentos.
El Régimen tendrá como eje un registro que llevará el listado actualizado de sujetos inhabilitados; verificará antecedentes judiciales vinculados a delitos contra la Administración Pública; articulará con organismos judiciales y registros públicos y garantizará publicidad y acceso ciudadano conforme normativa de transparencia.
"La legitimidad del sistema de contrataciones no depende exclusivamente del cumplimiento formal de los procedimientos previstos en la normativa vigente, sino también de la integridad y confiabilidad de quienes participan en ellos. La confianza pública en el manejo de los recursos estatales constituye un componente esencial del principio republicano y del adecuado funcionamiento de las instituciones", expresó Díaz en los fundamentos. Y agregó: "En los últimos años se ha verificado, a partir de información presupuestaria y administrativa de carácter público, una significativa concentración de la obra pública en un número reducido de empresas contratistas. La concentración económica, por sí sola, no implica irregularidad alguna. Sin embargo, cuando esa concentración coincide con antecedentes judiciales vinculados a investigaciones por delitos contra la administración pública, la situación plantea un desafío institucional que merece ser abordado desde una perspectiva preventiva y no punitiva".