Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone que la provincia de Entre Ríos adhiera a la Ley Nacional N° 27.797, conocida como ley de calidad y seguridad o también "Ley Nicolás", sancionada en septiembre de este año por el Congreso y publicada en el Boletín oficial el 8 de octubre del presente año.
La iniciativa a la que accedió Bicameral dispone que la autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Salud, quién deberá reglamentarla en un plazo de noventa días desde la fecha de su promulgación.
Nicolás Deanna era un joven de tan sólo 24 años de edad que murió en el 2017 a causa de una meningitis bacteriana, no diagnosticada a tiempo. Su Madre Gabriela Covelli fue la impulsora del proyecto hoy conocido como Ley Nicolás, y reclamó desde entonces una legislación que mejorase la trazabilidad de los errores médicos e incremente las penas en los casos de negligencia grave.
Se trató de un deceso infortunio, una muerte que pudo haberse evitado, según remarca la iniciativa en sus fundamentos.
El objetivo final de la ley es “el de garantizar el derecho a una asistencia sanitaria segura, el respeto por cada paciente que acude por una necesidad de atención a su salud y que se entrega y confía fielmente a cada una de las recomendaciones y lineamientos del profesional médico que lo atiende”.
La ley presenta dos ejes centrales que sustentan la norma, se tratan de “la calidad de atención sanitaria” y la “seguridad del paciente”. Promoviendo éstos pilares se podrá conseguir la disminución de “daños evitables, prevenibles”. Incluye la creación del Registro Unificado de eventos Centinela (RUDEC), que funcionará en el marco del Sistema Integrado de información Sanitaria Argentino (Sisa). Todas las Instituciones deberán reportar los eventos centinela que se produzcan, y el registro garantizará la confidencialidad de la información, en cumplimiento de la ley de protección de datos personales.
La ley también dispone que, si un profesional es sancionado o inhabilitado en una jurisdicción, ésa medida se aplicará en todo el país, Además exige que las instituciones de salud, adopten criterios transparentes y equitativos en la selección de personal, e informen a la red federal de profesionales de la salud (REFEPS), sobre las sanciones o restricciones vigentes. Ordena además a todas las instituciones de servicios de salud cumplir con una serie de características mínimas de labor, tales como la de establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables.
La firmante del proyecto es la libertaria Julia Ester Calleros, acompañada por las diputadas oficialistas Érica Vilma Vázquez Mariana Bentos.