La Comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que preside Juan Manuel Huss (Frente CREER) comenzó a debatir este jueves el proyecto que propone que la provincia otorgue un resarcimiento económico a quienes hayan sido cesanteados de sus trabajos por razones políticas, gremiales o ideológicas.
Se trata de una iniciativa de la diputada Gracia Jaroslavsky (UCR), que cuenta con acompañamiento de legisladores del interbloque opositor.
Por parte de la Comisión de Cesanteados que impulsa la iniciativa participaron Silvia Alfaro, Cristela Godoy y Pilar Blanca, quienes se mostraron conformes por el recibimiento de los legisladores para el debate de un proyecto que impulsan hace ya seis años.
“Se coincidió en términos generales en la demanda de este universo que no ha sido reconocido como víctimas de las leyes de Terrorismo de Estado“, aseguró en diálogo con Bicameral Pilar Blanca, quien adelantó que se acordó “llevar a cabo con celeridad el tratamiento del proyecto”.
La presentación de la iniciativa responde a un legítimo pedido que le hizo la Comisión de Cesanteados por la Dictadura Cívico Militar de la Provincia de Entre Ríos. “No se trata solo de dinero, se trata de dignidad, y es una obligación insoslayable de un Estado democrático y republicano asumir de una vez por todas esta deuda histórica”, aseveró Jaroslavsky al momento de presentar la iniciativa.
La ley contemplará a las personas que por causas políticas, gremiales o ideológicas hayan sido cesanteadas o exoneradas de cargos o empleos públicos ejercidos en cualquiera de los Poderes del Estado provincial, entes autárquicos o empresas estatales en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
El Ministerio de Gobierno y Justicia será el encargado de abrir un registro para actualizar, reunir, procesar, evaluar y sistematizar el padrón de las personas que soliciten tal beneficio. Quienes se inscriban deberán aportar información que acredite que dejaron de tener una relación laboral con el Estado debido a causas políticas, gremiales, ideológicas o similares.
En el proyecto, la diputada Jaroslavsky dispone que “el resarcimiento económico será equivalente a 20 sueldos mínimos del escalafón provincial y se efectivizará por una única vez a valores vigentes al momento del pago, sin intereses”. A su vez, el derecho a obtener el beneficio caducará dentro del plazo de tres años contados a partir del dictado de la norma.