Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que presiden los oficialistas Hugo Yasky y Pablo Yedlin, respectivamente, comenzarán este martes, a partir de las 18, con el tratamiento de un proyecto de asistencia a personas en situación de calle y familias sin techo.
La iniciativa, presentada por el legislador del Frente de Todos Federico Fagioli, se empezará a debatir con la participación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la secretaria de Inclusión Social de dicha cartera, Laura Alonso; y la titular de la Sedronar, Gabriela Torres.
El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.
El texto prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
Entre sus puntos principales, la iniciativa contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.
Según Parlamentario, abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.
El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.
Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.
La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.