Un proyecto de ley presentado recientemente en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone declarar la emergencia en discapacidad “en todo el territorio del Estado Provincial” hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive. La iniciativa señala el impacto negativo de las políticas nacionales y busca que la provincia brinde contención ante este complejo panorama.
La iniciativa a la que accedió Bicameral lleva la firma de la diputada Mariel Ávila (Más para Entre Ríos), y cuenta con el acompañamiento de sus pares de bancada Yari Seyler, Silvina Deccó, Enrique Cresto, Sergio Castrillón y Lorena Arrozogaray.
Mediante la norma se buscaría garantizar “la cobertura de todas las prestaciones establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para todas las personas con discapacidad con domicilio en la provincia, a cargo del Estado Provincial, a efectivizarse en cualquier nosocomio público con asiento en ésta, y/o privado a su costo”.
En el mismo sentido, sostiene que el Estado entrerriano deberá “garantizar el acceso a la evaluación para el otorgamiento de las pensiones no contributivas nacionales”, facilitando el “traslado mediante transporte público gratuito, a los centros de evaluación que corresponda”.
También se propone garantizar el acceso al diligenciamiento y obtención del Certificado Unico de Discapacidad (CUD) “en los organismos provinciales que correspondan, en
tiempo oportuno y bajo condiciones que aseguren un trato digno e igualitario”.
“Presentamos este proyecto considerando la urgente necesidad de garantizar en la provincia de Entre Ríos los derechos de las personas con discapacidad. Hemos relevado en todo el territorio el impacto negativo de las políticas nacionales, en cuanto a un deterioro creciente de calidad de vida de las personas con discapacidad, sus tratamientos terapéuticos y los servicios de los prestadores relacionados a rehabilitación, educación, estimulación temprana e inserción laboral”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
La iniciativa menciona que Entre Ríos cuenta con “excelentes profesionales en la temática que, ante la falta de reconocimiento económico a su tarea han tenido que optar por no atender a niños, jóvenes y adultos con discapacidad o hacerlo de manera privada”.
“El no aumento del nomenclador por largo tiempo y la falta de políticas locales de apoyo ha producido un creciente deterioro y estado de riesgo por lo que este proyecto promueve la responsabilidad de la atención en los efectores públicos de Salud”, remarca.