Diputados nacionales del PRO presentaron en las últimas horas un proyecto que tiene como objeto regular el uso de tecnologías de reconocimiento facial. La norma tiene la firma de la entrerriana Nancy Ballejos.
De acuerdo a la iniciativa, a la cual tuvo acceso Bicameral, se buscan establecer “principios y garantías” de este tipo de mecanismos, que permiten la identificación o verificación de una persona a través de sus rasgos faciales distintivos. Será aplicable en entidades públicas nacionales que hagan uso del reconocimiento facial para “fines de seguridad ciudadana, prevención de delitos e investigación judicial” y podrán adherirse las provincias.
De acuerdo al texto, quienes hagan uso del recurso deberán regirse por principios tales como la legalidad -autorizado por ley-; la proporcionalidad, la necesidad, la transparencia y la responsabilidad. Será pasible de una “supervisión independiente”, a cargo de órganos de control debidamente autorizados.
“La implementación de sistemas de reconocimiento facial requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación y deberá estar precedida por una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos y Protección de Datos Personales. La autoridad de aplicación será la encargada de establecer los contenidos mínimos de dichas evaluaciones, así como los procedimientos para su presentación y aprobación”, afirmaron los legisladores.
En los fundamentos, los diputados explicaron que “en los últimos años, hemos sido testigos de un avance acelerado de las tecnologías de reconocimiento facial como herramientas para la seguridad ciudadana y la prevención del delito“. Sin embargo, aclararon que “estas tecnologías han sido implementadas de forma fragmentada en diversas jurisdicciones del país, sin un marco normativo integral que garantice tanto su eficacia como el respeto a los derechos fundamentales de las personas”-
Para cerrar, resaltaron: “La ausencia de una legislación específica en esta materia ha generado una situación de incertidumbre jurídica que afecta tanto a las instituciones públicas que implementan estas tecnologías como a los ciudadanos cuyos datos biométricos son procesados. Esta laguna legal constituye un riesgo para la privacidad y los derechos digitales de los argentinos, al tiempo que limita el potencial de estas herramientas para contribuir efectivamente a la seguridad pública”.