Un pedido de informes presentado en las últimas horas en la Cámara de Diputados de Entre Ríos solicita conocer si el Poder Ejecutivo ha realizado un relevamiento de entidades vinculadas a discapacidad que hayan sido cerradas o cuyas actividades se hayan visto alteradas por el ajuste nacional. El texto es ingresado tras una semana en la que hubo 48 horas de cese de prestaciones en todo el país, reclamando por la aplicación efectiva de la Emergencia votada y ratificada en el Congreso y una actualización del nomenclador del sector.
En el pedido, cuya autora es Mariel Ávila, busca saber si se ha trabajado en un diagnóstico de las instituciones, qué medidas se han adoptado para prevenir cierres, qué dispositivos están activos y si existe algún tipo de protocolo en el caso de que una entidad deba dar por terminada sus actividades. Además, qué previsiones presupuestarias, subsidios, programas de sostenimiento o instrumentos financieros se han dispuesto y qué intervenciones se prevé realizar ante organismos nacionales.
"Se impulsa el presente pedido de informes ante una situación que, por su gravedad y por sus posibles consecuencias sociales, exige una respuesta clara y urgente del Estado provincial. En las últimas semanas se han producido en Entre Ríos cierres y anuncios de cierre de instituciones especializadas en discapacidad con muchos años de existencia y servicio, entre ellas una importante institución de la ciudad de Colón, al tiempo que se han multiplicado las advertencias sobre el serio riesgo de discontinuidad de prestaciones esenciales para personas con discapacidad en distintos puntos del territorio provincial", indicó Ávila en sus fundamentos. Y agregó: "No se trata de episodios aislados ni de una mera dificultad administrativa: se trata de un cuadro que puede comprometer de manera directa el goce efectivo de derechos fundamentales de una población especialmente protegida por el orden jurídico argentino y provincial".
En otro orden, la legisladora apuntó que "no puede perderse de vista que los derechos de las personas con discapacidad no se agotan en el reconocimiento formal". Explicó a continuación: "El acceso efectivo a la salud, a la rehabilitación, a la educación, al transporte, al trabajo, a los espacios de cuidado y a la participación en la vida social requiere una red institucional concreta y sostenida en el tiempo. Cuando esa red se debilita, se resiente la ciudadanía material de quienes dependen de ella para desarrollar su proyecto de vida en condiciones de dignidad".
Para finalizar, la diputada observó que la problemática planteada "interpela de manera directa el modelo de sociedad que se pretende construir en Entre Ríos". Y cerró: "Una provincia que aspire a ser más justa e inclusiva no puede admitir que las personas con discapacidad queden expuestas a la pérdida de servicios esenciales por falta de previsión, desarticulación institucional o insuficiencia de respuesta estatal. Garantizar que una persona pueda sostener su escolaridad, acceder a tratamientos, trasladarse, participar de la vida social y desarrollar su autonomía no supone conceder privilegios: supone garantizar ciudadanía".