El gobierno provincial promulgó este jueves en el Boletín Oficial la resolución que restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 y su prórroga, a partir del 1° de enero de 2026 y hasta el día 31 de diciembre de 2026, según pudo establecer Bicameral.
En su artículo segundo, la resolución oficial señala: "Facúltase al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencieren durante la vigencia de la Ley N° 11.138, su prórroga y de la presente, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen, enmarcados en las operaciones de crédito autorizados por la Ley N° 11.234″.
Se trata del restablecimiento de la prórroga en emergencia en obras públicas y viales para todo este año, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó de forma definitiva el pasado 21 de enero, tras volver del Senado con cambios.
El expediente había sido aprobado por la cámara baja el 23 de diciembre de 2025 para, luego, recibir modificaciones del Senado, por lo que el trámite legislativo obligó a la cámara de origen a tratarlas en sesión especial.
El proyecto venido desde el Poder Ejecutivo se fundamenta en que “posibilitará la negociación en mejores condiciones con empresas contratistas, facilitará el reconocimiento y cancelación de sus créditos, promoverá la rescisión o renegociación contractual cuando resulte necesario”, así como “reducirá de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyen el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado Provincial”.
El peronismo, que votó dividido en el Senado, se opuso en Diputados. El diputado Juan José Bahillo, uno de los portavoces de la oposición en dicha sesión, apuntó a que sería “normalizar lo que debería ser una herramienta de excepción”. Se refirió a que “el volumen de obra publica no justifica una emergencia sino a que hay un problema de coordinación y de organización en lo administrativo que no logra resolverse, en un contexto nacional adverso en temas de financiamiento”.
Desde el oficialismo, en cambio, volvieron a destacar la necesidad de contar con esa herramienta por tercer año consecutivo.