El Gobierno nacional conformó una mesa de diálogo a cargo de la Secretaría de Comercio Interior para abrir la discusión por cambios en la Ley de Alquileres 27.551 sancionada en 2020 y generar un punto de "acuerdo" entre los planteos de inquilinos y propietarios.
Al respecto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se sumó a la discusión y apuntó contra los sectores que especulan con la “renta inmobiliaria”. En declaraciones a Radio 10, dijo: “Si este es un país que va a estar gobernado por la renta agropecuaria, la renta inmobiliaria, la renta financiera, así no hay país que aguante”.
Por otra parte, Feletti cargó contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y cuestionó su política habitaciones y de desarrollo urbano en ese distrito: "Fomenta el negocio inmobiliario y después tenés una ciudad vacía y con gente durmiendo en la calle”, dijo.
Cambios en la Ley de Alquileres
El debate por la reforma de la Ley de Alquileres aún no tiene fecha y se sigue postergando. La reciente normativa generó cruces entre los sectores que representan a los inquilinos y aquellos que forman parte del sector inmobiliario.
En ese contexto, el secretario de Comercio indicó que “armamos una mesa para escuchar” y sacar conclusiones sobre las problemáticas y reclamos de cada una de las partes.
Durante el encuentro con la Cámara Inmobiliaria Argentina que se llevó a cabo este viernes, Feletti remarcó que la situación de los inquilinos es “muy precaria”, por lo que insistió en que debe haber una salida al asunto y llegar a un acuerdo en los puntos clave para modificar la ley.
De parte de los sectores que representan a las Cámaras inmobiliarias presentaron algunos puntos en sus reclamos. Los puntos de mayor importancia del planteo son una reducción de tasas e impuestos (ingresos brutos) y la revisión de los plazos de los contratos.
Pretenden que se considere un “índice alternativo” que no anexe la inflación para ajustar los precios de los alquileres al menos dos veces en el año de contrato.
Cabe recordar que la ley actual considera un incremento anual que se ajusta al Índice de Precios del Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), mediante un índice elaborado por el Banco Central.