La agenda judicial también estará presente en la sesiones extraordinarias del Congreso, que se iniciaron el último lunes. En ese contexto, los ojos están puestos en la posibilidad de que obtenga sanción definitiva la Reforma Judicial, anunciada oportunamente por el presidente Alberto Fernández y que ya obtuvo media sanción en el Senado el 28 de agosto del año pasado. No menos desapercibida pasa la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Ambas han cosechado críticas desde la oposición, donde sostienen que hay una intención oficial de intervenir en la Justicia.
REFORMA JUDICIAL
La iniciativa, llamada formalmente "Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en CABA" crea, entre otros puntos, un nuevo fuero Penal Federal, fusionando los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico. Además crea 23 juzgados en lo Penal Federal, que se identificarán del 24 al 46.
Por otro lado se establece un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal, que deberá poner en funcionamiento el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales. Además, se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.
La norma también ordena que los sorteos deberán ser grabados con medios técnicos, para garantizar la transparencia de éstos. De lo contrario, pueden ser anulados.También se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas.
La reforma judicial fue tema de conversación en el encuentro que mantuvo el presidente la semana pasada con diputados del oficialismo en la residencia de Olivos. Allí, Fernández le pidió a los legisladores dirigidos por Máximo Kirchner que avancen con el proyecto, cuestionado duramente por Juntos por el Cambio.
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
El segundo proyecto caliente tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador general, llevándola a la mitad más uno de los senadores en vez de los dos tercios actuales. De ese modo, se precisarán 37 apoyos en lugar de 48. Desde la bancada opositora señalan que la iniciativa tiene como objetivo que el oficialismo designe al procurador con sólo tener mayoría dentro del cuerpo, como sucede en la actualidad.
La ley también acota su mandato a cinco años y se refuerza el rol de control del Congreso.