La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis que deroga la actual norma 23.798 sancionada en 1990. La iniciativa obtuvo 60 votos a favor y uno solo en contra del senador Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.
Flamante presidente de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, abrió la ronda de oradores al sostener que es un tema “muy importante” que “tiene una vieja historia legislativa con una enfermedad que es bastante moderna y que la ley de VIH que rige, fue histórica porque permitió en un momento muy duro porque no teníamos muchas herramientas para el tratamiento, para evitar la transmisión vertical de madres a hijos, no teníamos herramientas para curar esta enfermedad y muchos fallecieron por ella”.
Respecto a la vigente ley señaló que “después de 30 años ha envejecido bien, es muy importante, y permitió que los pacientes que conviven con el virus tengan acceso, desde el Estado, a sus tratamientos y fue una ley precursora en el mundo y sin duda en la región”.
En esa línea, agradeció a las organizaciones civiles que “a lo largo y ancho de la Argentina vienen dando una batalla importante en busca de sus derechos, de conseguir esta nueva ley, lo que a veces costaba que lleguen como los test, los preservativos, a lo largo de los años”.
“Se estima que hay 140 mil personas que conviven con el virus, 17% de este número desconoce el diagnóstico perpetuando el ciclo de contagios. Un 30% de los pacientes que se diagnostican, lamentablemente lo hacen en período tardíos de la enfermedad y eso dificulta el tratamiento. Un 65% se atiende en el sector público”, describió Yedlin y agradeció al sistema de salud público que “se hace cargo de los problemas graves de salud”.
Y continuó: “Se diagnostican por año 4.500 casos con una tasa por 100 habitantes de 11 y la tasa de mortalidad por SIDA cada vez es menor y que viene disminuyendo hoy está en 2.8 cada 100 mil habitantes”, pero señaló que “no es igual en todas las provincias porque la tasa de mortalidad por SIDA muestra severas inequidades en el país por eso debemos seguir trabajado en normas que permitan que el país sea más equitativo”.
“Esta ley fue trabajada en el consenso con todos los bloques políticos”, destacó el tucumano y lamentó que perdió “tres veces perdió estado parlamentario y tuvo que ser representada”. Asimismo, comparó la nueva iniciativa con la ley actual: “No es solo una ley de VIH, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual que sufre algún tipo de desatención como hepatitis B, que son muy costosas en su tratamiento y se incorporan a tener el mismo derecho”.
Y siguió: “Es una ley que, además de declarar de forma público nacional el tratamiento, el diagnóstico también lo declara el desarrollo, la investigación, los medicamentos. Da una respuesta integral, nuevos métodos combinados”.
“Estamos haciendo una ley para que a todos los pacientes puedan tener acceso a un sistema de jubilación especial que les va a permitir, a los que envejecen prematuramente, que con 50 años y 20 años de aportes puedan acceder a un sistema jubilatorio. Accederán a una pensión no contributiva vitalicia aquellos pacientes que tienen el virus o hepatitis b o c y tiene vulnerabilidad social. Crea esta ley una Comisión Nacional de Seguimiento integrada por distintos ministerios y la sociedad civil”, explicó el tucumano y cerró: “Es una ley que intenta superar la grita política y todos estamos de acuerdo en que los pacientes merecen los derechos y estamos haciendo justicia de que la ley se concrete”.
El proyecto
A través de la nueva norma queda derogada la Ley 23.798, que había declarado de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990.
Además del VIH, la nueva ley incorpora a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.
La norma prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.
Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.
La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.
Por otra parte, se establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.
Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Entre otros puntos, la ley plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.
También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.