La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se reunió para continuar con el tratamiento del proyecto de ley de creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica, autoría del diputado Marcelo López (Juntos por Entre Ríos). Hubo acuerdo respecto del contenido de la norma y, luego de algunas correcciones, se prevé emitir el dictamen correspondiente. Este expediente se encuentra además en la órbita de la comisión de Salud, cuyo presidente es Silvio Gallay, también del bloque oficialista.
“El proyecto de ley que crea el Colegio de Agentes de Propaganda Médica es un reclamo que vienen haciendo los trabajadores a los que comúnmente se denomina visitadores médicos, quienes quieren que su actividad se vea regulada”, explicó López. Es por eso que se prevé que el Colegio pueda expedir la matrícula y hacer un control sobre el ejercicio de la profesión.
El dirigente radical comentó que se da la situación de agentes de propaganda médica, empleados en laboratorios de otros lugares del país, que llegan a Entre Ríos a trabajar sin que exista un control sobre eso: “El poder de policía que tienen los colegios profesionales evitaría esta práctica”.
“Hemos decidido, con alguna corrección, emitir dictamen y esperar que la comisión de Salud, a la que también fue girado el proyecto, haga lo propio”, completó López.
Qué dice la ley
El proyecto de ley, al cual tuvo acceso Bicameral, deja claro que se considera Agente de Propaganda Médica a “toda actividad personal realizada en forma Pública o Privada, libremente o en relación de dependencia, que requiera de la capacitación que otorga el título y sea propia y específica” de los diplomados en la carrera vinculada con el sector. Los trabajadores de ese ámbito pueden prestar servicios, desempeñar cargos, ejercer como docentes y preparar actos de difusión y venta a médicos y otros profesionales relaconados con el mundo de la salud.
El Colegio, por su lado, tendrá a su cargo el cumplimiento de la ley y la defensa de los prestadores, asegurando “el decoro, la ética, la independencia y la individualidad de la profesión”. Además, podrá “colaborar con los poderes públicos, con el objeto de cumplimentar con las finalidades sociales de la actividad profesional; comparecer en juicios y contraer préstamos para actividades vinculadas con la institución. Tendrá un Consejo Directivo que sancionará un reglamento válido para la sede central y las eventuales seccionales que se abran en la provincia.
Lóéz explicitó también que la entidad podrá “formar y sostener una biblioteca pública que permita la actividad científica de la profesión, y además organizar, subvencionar, auspiciar, patrocinar y/o participar en Congresos, Conferencias y Reuniones que se realicen con fines útiles a la profesión, pudiendo realizar las correspondientes actividades administrativas contables que de esto surjan”.