La Cámara de Diputados de la provincia comenzará a debatir un proyecto de Ley que propone declarar “el estado de emergencia hídrica, por el término de 180 días corridos, en aquellos sectores del territorio de la Provincia de Entre Ríos ubicados sobre la costa del Río Paraná, que comprenden los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Ibicuy”.
Se trata de una iniciativa de la diputada Ayelén Acosta (PRO), que cuenta con el acompañamiento de sus compañeros de interbloque, y que se suma a la declaración que debatió el cuerpo legislativo en la sesión de este miércoles. La preocupación por la bajante atravesó a los distintos bloques, que manifestaron su adhesión y pidieron acciones para dar respuesta a esta situación.
El proyecto de Acosta, que tomó estado parlamentario y se tratará próximamente en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, dispone que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos, la cual debará delimitar las áreas sujetas a la declaración del estado de emergencia hídric, como así también arbitrar los medios necesarios para dar respuestas adecuadas a las demandas específicas que se vinculen al estado de emergencia.
Por otro lado, insta a articular e integrar las acciones a ejecutar por los diferentes organismos provinciales y nacionales involucrados en la gestión de la emergencia, y a “asistir a las poblaciones ribereñas del Río Paraná y su sistema de afluentes que se vean afectadas durante la vigencia del estado de emergencia”.
Por otro lado, propone adoptar “las medidas necesarias para evitar y controlar los incendios en las zonas de islas y márgenes del Río Paraná mientras dure la emergencia”.
En el mismo sentido, el proyecto faculta a distintas dependencias del gobierno provincial a tomar medidas, e insta a que el Ministerio de Producción adopte “las medidas que resulten pertinentes a los fines de preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo en los sectores afectados por la emergencia”.
A su vez, invita a los municipios afectados “a disponer un régimen tarifario especial provisorio para el servicio de provisión de agua potable, mientras dure la emergencia”.