Un proyecto de ley presentado esta semana en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone “regular la instalación y funcionamiento” de los gimnasios y natatorios en el territorio de la provincia, teniendo como fin la “protección de la salud de las personas que concurren” dichos establecimientos deportivos.
La definición de esta normativa comprende aquellos espacios donde se practique gimnasia, artes marciales, entrenamientos funcionales, de crossfit y similares, enseñanza no competitiva de disciplinas relacionadas, nado “y las que puedan ser incorporadas por la reglamentación que establezca la autoridad de aplicación”.
De acuerdo a la iniciativa a la que accedió Bicameral, se dispone que “todas las personas” que realicen actividades físicas en el gimnasio “deben poseer un certificado de aptitud física, que debe contener los resultados de estudios electrocardiográficos expedido por el especialista actualizado anualmente, como así los estudios requeridos en la reglamentación complementaria”.
Se establece que los gimnasios deberán además estar adheridos a un servicio de emergencias médicas, capacitar a sus profesionales en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria y primeros auxilios con una revalidación cada dos años y contar con elementos de primeros auxilios.
Dispone la iniciativa en este sentido que dentro de los 180 días de promulgada la ley, que aún no fue abordada, “todos los gimnasios que ya se encuentren funcionando deberán adecuarse a lo establecido por la ésta Ley y su reglamentación”.
Los autores del proyecto de ley son Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos), Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Lénico Aranda (Juntos por Entre Ríos).
Según argumentan los legisladores, todas las actividades deportivas “que realizan nuestros entrerrianos, con diversos fines, muchas veces no tienen el personal calificado para que controle la correcta musculación, alimentación, observancia, entre otras tantas precauciones necesarias para cuidar la salud de quien realiza la actividad“. Es por esto que se ven en “la necesidad de establecer un marco regulatorio, que se ajuste a la realidad actual y a la normativa que puedan establecer los Municipios y Comunas en materia de habilitación”.