Por Andrés Vallone (*)
La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional constituye una de las discusiones más relevantes que atraviesa hoy el Congreso, no solo por la magnitud de los cambios propuestos, sino por el enfoque conceptual que los sustenta. Lejos de una actualización integral del sistema de relaciones laborales, el proyecto se apoya casi exclusivamente en la reducción de costos y en la flexibilización normativa como supuestos motores de creación de empleo, sin articular dichos cambios con una estrategia de desarrollo productivo de mediano y largo plazo.
Desde el diagnóstico, el Gobierno parte de datos objetivos: según el INDEC, la informalidad laboral se ubica en torno al 45% de la población ocupada, mientras que el empleo privado formal se mantiene prácticamente estancado desde hace más de una década. Asimismo, el desempleo ronda el 7–8%, lo que revela un mercado laboral que no destruye empleo masivamente, pero sí lo degrada en calidad. Sin embargo, atribuir estas distorsiones de manera casi excluyente al régimen indemnizatorio o a la rigidez de la legislación laboral constituye una simplificación analítica que no resiste un examen técnico riguroso.
La evidencia económica comparada es clara: no existe una relación causal directa entre flexibilización laboral y creación de empleo formal. Estudios de la OIT y de organismos multilaterales muestran que las reformas laborales solo generan efectos positivos cuando se implementan en contextos de crecimiento económico, inversión sostenida y estabilidad macroeconómica. En ausencia de estas condiciones, la flexibilización tiende a traducirse en mayor rotación, precarización contractual y transferencia del riesgo económico hacia el trabajador, sin impacto significativo en los niveles de formalización.
Desde el punto de vista legislativo, preocupa especialmente que la reforma avance sobre mecanismos de protección sin prever instrumentos compensatorios adecuados. Argentina destina menos del 0,5% del PBI a políticas activas de empleo, muy por debajo del promedio de países de la OCDE, y cuenta con un sistema de seguro de desempleo de cobertura limitada y montos claramente insuficientes. En este contexto, debilitar las garantías laborales sin fortalecer previamente estos dispositivos implica una regresión en términos de protección social.
Otro aspecto crítico es el impacto generacional. Según datos oficiales, cerca del 60% de los jóvenes menores de 29 años se desempeñan en condiciones de informalidad. Cualquier reforma que no priorice la creación de empleo formal juvenil, la capacitación laboral y la inserción productiva corre el riesgo de consolidar un mercado de trabajo dual: flexible para algunos, pero estructuralmente precario para la mayoría.
El Congreso tiene aquí una responsabilidad central. La modernización del derecho laboral es un debate legítimo y necesario, pero no puede abordarse de manera fragmentaria ni subordinada exclusivamente a objetivos fiscales o de corto plazo. Una reforma técnicamente sólida debe integrarse a un proyecto de desarrollo que contemple productividad, inversión, educación y protección social. De lo contrario, la flexibilización legislada corre el riesgo de convertirse en un ajuste encubierto sobre el trabajo, con consecuencias económicas y sociales difíciles de revertir.
(*) Exdiputado nacional
Publicado en Parlamentario