La Legislatura llevará adelante el próximo miércoles desde las 9.30 horas una reunión de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, órgano integrado por legisladores de ambas cámaras que tiene entre sus principales atribuciones la conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Entre Ríos.
Ese cuerpo, creado por ley y puesto en funcionamiento en 2023, está conformado por tres miembros de ambas cámaras junto a dos representantes de la sociedad civil y un miembro del Poder Ejecutivo.
El año pasado funcionó con mandatos prorrogados y prácticamente sin presupuesto, pero este año, tras un trabajo de reorganización, se volverá a poner en marcha con la elección de nuevas autoridades.
“Venimos trabajando desde la conformación, que fue en agosto de 2023. El año pasado tuvimos una etapa más de transición, donde pudimos armar el reglamento interno, el presupuesto del Comité, se hicieron inspecciones a distintas unidades penales y estamos interviniendo en distintos casos”, precisó en diálogo con Bicameral el senador Juan Cosso (Más para Entre Ríos).
Cosso, que participó desde su rol como diputado en el período anterior, estará ahora representando al Senado. Silvina Deccó (Más para Entre Ríos) y Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos) -este último en reemplazo de Carola Laner, designada en primer término para esa función- estarán por por Diputados.
El cuerpo se completa con Ignacio Journé, de Gualeguaychú, y Sofía Stamatti, de Paraná, miembros de la sociedad civil que vienen de la gestión anterior, y María Emma Bargagna, la directora de Derechos Humanos que estará representando al Poder Ejecutivo.
“La idea es que quede conformado y contar con espacio físico propio, contar con presupuesto y hacer las adecuaciones que haya que hacer. Pero hay decisión política del gobernador de que el Comité empiece a funcionar“, subrayó Cosso.
El senador de Villaguay destacó que el Comité ya tiene presupuesto propio y “está todo mucho más encaminado”.
Cabe recordar que el Comité es un ente provincial de funcionamiento autárquico y autónomo, que fue constituido hace dos años, y cuyo objetivo principal es la prevención y prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contextos de privación de la libertad.