El pasado 17 de junio fue publicado en el Boletín Oficial el DNU 383/2025 por el que el Gobierno nacional creó el nuevo estatuto que facultó a la Policía Federal Argentina (PFA) de realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas.
A partir de ello, diferentes bloques de la oposición presentaron proyectos de ley en rechazo del decreto y propusieron declararlo nulo de nulidad absoluta. Los primeros en llevar iniciativa a mesa de entrada fueron los diputados del Frente de Izquierda, quienes señalaron que el Gobierno “intenta consolidar un Estado policial para cercenar las libertades y derechos democráticos”. “Proponemos la inmediata anulación de este decreto persecutorio e ilegal”, enfatizaron.
En representación de Unión por la Patria, bloque de 98 integrantes de la oposición más férrea, la diputada nacional Mónica Macha presentó un proyecto para declarar nulo al nuevo estatuto de la PFA. En los fundamentos, explicó que “resulta a todas luces violatorio de esenciales principios del Estado de Derecho”. También, afirmó que las nuevas facultades otorgadas a la Federal no están alcanzadas en la Ley de Inteligencia Nacional.
Con el mismo espíritu, los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein, integrantes de Encuentro Federal, indicaron que el decreto “es inconstitucional”, y aseveraron que “es una estafa de Javier Milei y Patricia Bullrich”. “Detrás de un artilugio se exceden las facultades delegadas y reforman el estatuto de la Policía Federal permitiendo el cyberpatrullaje y las detenciones sin orden judicial”, agregaron desde el socialismo santafesino.
Según informó Parlamentario, este jueves se sumó el proyecto para derogar el DNU 383 del bloque Democracia para Siempre, conformado por 12 diputados nacionales. Con firma de Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal, los legisladores señalaron que “el decreto de Patricia Bullrich viola derechos constitucionales y además excede las facultades delegadas en la Ley Bases”.
A través de un comunicado en X, la bancada presidida por Juliano manifestó que “la disposición consagra una figura similar a los ‘arrestos por averiguación de antecedentes’, ya declarados inconstitucionales por jurisprudencia reiterada por ser arbitrarios y discrecionales”.
También la Coalición Cívica se manifestó en contra de este decreto de necesidad y urgencia. Fue la diputada nacional Mónica Frade, quien, a las pocas horas de la publicación en el Boletín Oficial, tuiteó: “En seguridad vuelta atrás 30 años…cuando regían los inconstitucionales ‘edictos policiales’, la Policía te detenía ‘por las dudas y para saber quién eras’”. Luego, llamó a Bullrich de ser “una nostálgica patológica”.
Teniendo en cuenta la cantidad de integrantes contemplados en los bloques que impulsan la derogación o que se manifestaron en rechazo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal -al menos cinco legisladores lo rechazan-, la oposición tendría cerca de 117 diputados en contra del DNU 383/2025.
En caso de avanzar con el tratamiento, el DNU 383/2025 puede ser llevado a sesión especial sin dictamen una vez que transcurran diez días hábiles desde su publicación (a partir del miércoles 3 de julio) y sin que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo lo ponga a consideración. Para que sea derogado, ambas cámaras deben rechazarlo en el recinto.
Cabe recordar que el actual Gobierno nacional sufrió la primera derogación de un DNU desde la reforma constitucional de 1994. El 13 de septiembre pasado el Senado, tras el primer rechazo en Diputados, derogó el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional había incrementado los gastos reservados de la SIDE en 100.000 millones de pesos.