Durante la última sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la diputada Gracia Jaroslavsky (UCR – Juntos por Entre Ríos) destacó “el buen trabajo” realizado tras la declaración de una nueva Área Natural Protegida, pero sostuvo que no alcanza e instó a sus pares a avanzar en un marco legal que proteja a los humedales.
En este sentido, consideró que la Ley Nº 10.479 (que rige las áreas protegidas de la provincia) adolece de las disposiciones necesarias para el manejo de las islas y humedales: “No están categorizados como tales y no existe una legislación que los proteja. Mientras tanto vamos declarando zonas como áreas naturales protegidas, pero necesitamos una ley integral que garantice la preservación de nuestro ecosistema”, dijo y recordó que el año pasado presentó un proyecto sobre humedales, pero nunca fue abordado.
Previamente, la legisladora había presentado un proyecto de “presupuestos mínimos para protección, conservación y uso racional de los humedales”, que debía complementarse con las regulaciones que se establezcan a nivel nacional.
“El Estado debe diseñar una política ambiental, determinar cuáles son las zonas de humedales, preservar sus reservas y hacer de Entre Ríos una provincia sustentable. Existen múltiples herramientas tecnológicas que -si el Estado se preocupara por la biodiversidad- podría estar utilizando para definir cuáles son sus humedales y ejercer políticas de preservación sobre ellos”, remarcó.
Qué dice el proyecto
La iniciativa incorpora a la Ley Provincial Nº 10.479 (Sistema de Áreas Naturales Protegidas) un capítulo especial dedicado a las Islas Humedales del Delta del Paraná que integran el complejo efluvio litoral del Río Paraná ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
Entre los objetivos de la iniciativa se destacan la identificación de las islas y los humedales en el territorio de la provincia, la mantención de un sistema de verificación permanente que permita definir pautas de acuerdo con la necesidad y cambio permanente propio del territorio, la protección del valor estratégico de los humedales, la conservación de la biodiversidad, la necesidad de resguardar la provisión de agua y regulación del régimen hidrológico y el fomento de actividades de conservación y uso racional y sostenible.
También se apunta a “evitar cualquier actividad que provoque una alteración permanente de las características propias del territorio”, se busca “promover medios de vida que garanticen su sostenibilidad económica social y ambiental” y se dispone “garantizar el libre acceso a la información pública ambiental y la efectiva participación en los procesos de toma de decisiones que requieran los planes de manejo de cada área”.
