Un pedido de informe ingresado recientemente en la Cámara de Diputados insiste en conocer detalles sobre el Registro Único de la Verdad, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detallando la situación de revista de su personal desde el año 2023 a la fecha como así también el trabajo que se realizará para preservar su archivo documental.
La situación del ente que se ocupa de la política de Memoria, Verdad y Justicia en causas por delitos de lesa humanidad estuvo en agenda hacia fines del año pasado, cuando se conoció la no renovación de contratos de algunos agentes de esa dependencia.
En ese sentido, el pedido de informe al que accedió Bicameral detalla que en los Decretos N° 3.817/25 y 3863/25 que aprueban los Contratos Temporarios en la Administración Centralizada y Descentralizada para el año 2026, "se advierte que no se encuentran en los listados ninguna de las personas que prestan servicios en el Registro Único de la Verdad", por lo cual "se requiere información respecto de las razones por las que no se aprobó la continuidad de dichos contratos".
Además, piden que precisamente se detalle de las medidas de custodia y protección de los archivos con los que cuenta el Registro Único de la Verdad, "en virtud de lo previsto en los artículos 2° y 4° de la Ley N° 9.577, en consonancia con el artículo 6° de la Constitución Provincial que garantiza el rescate de la memoria".
En el mismo sentido, el pedido de informe que lleva la firma de las diputadas Laura Stratta, Silvina Deccó y Silvia del Carmen Moreno (Más para Entre Ríos) pide el detalle del personal encargado del archivo del Registro Único de la Verdad y del personal encargado de dar cumplimiento al artículo 3° de la Ley N° 9.577.
"La omisión total o parcial del personal que presta servicios y cuenta con la idoneidad específica para las tareas del RUV en los listados de Contratos Temporarios (aprobados por los Decretos N° 3.817/25 y 3863/25) genera una alarma institucional. El personal del RUV no solo cumple funciones administrativas, sino que posee un conocimiento especializado e indispensable en la clasificación, digitalización, análisis y custodia de archivos relativos a la represión, la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos", destacaron.
Por ello, consideraron que este pedido de informes "no solo responde a una función de control constitucional, sino que se erige como una herramienta para la defensa de la institucionalidad democrática y de las políticas de Derechos Humanos en la provincia".