Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación busca instituir la alfabetización inicial como política pública prioritaria y permanente del Estado nacional, "garantizando que todos los estudiantes de la República Argentina desarrollen las habilidades de lectura, oralidad, comprensión y producción de textos necesarias para su trayectoria educativa, su inclusión social y el ejercicio pleno de la ciudadanía".
Se trata de una iniciativa de la diputada por Entre Ríos Alicia Fregonese (PRO), expresidenta del Consejo General de Educación (CGE), que cuenta con acompañamiento de sus pares de bancada. La política federal de alfabetización inicial tendrá por finalidad "asegurar que todos los estudiantes alcancen los niveles esperados en lectura, comprensión, producción escrita y oralidad".
Según la iniciativa a la que accedió Bicameral, serían objetivos del Plan Federal de Alfabetización Inicial "garantizar que todos los estudiantes desarrollen, de manera progresiva y adecuada a su edad, habilidades de lectura, oralidad, comprensión y producción de textos", como así también "fortalecer la enseñanza sistemática de la lectura, la escritura y la oralidad". A su vez, se propone establecer "metas de aprendizaje cuantitativas, verificables y progresivas para mejorar los niveles de alfabetización inicial y evaluar el impacto de las políticas implementadas".
El proyecto crea a su vez el Fondo Nacional de Alfabetización Inicial, destinado a financiar las acciones previstas en la presente ley. El Fondo estará integrado por las partidas que anualmente asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, como así también las reasignaciones presupuestarias autorizadas conforme la normativa vigente. Además, se recibirán "aportes, donaciones, legados y convenios con organismos nacionales, internacionales, públicos o privados, siempre que no condicionen los fines pedagógicos de la política pública" y otros recursos que se asignen por leyes especiales.
"La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 19, atribuye al Congreso la facultad de sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, asegurando la responsabilidad indelegable del Estado, la igualdad de oportunidades y la equidad de la educación pública. Esta norma constituye el fundamento constitucional central del presente proyecto, que se estructura precisamente como una ley de bases: fija objetivos, principios, componentes mínimos, un sistema de evaluación y un fondo específico, sin avasallar las competencias curriculares y pedagógicas que las jurisdicciones ejercen en virtud de su autonomía educativa", sostiene el proyecto en sus fundamentos.
"El presente proyecto no crea una política paralela ni desconoce lo ya acordado federalmente. Por el contrario, toma como base el Plan Nacional de Alfabetización vigente y los acuerdos del Consejo Federal de Educación, y los eleva a rango legal, incorporando garantías de continuidad, financiamiento, metas cuantitativas verificables, evaluación articulada con el apoyo obligatorio, transparencia y rendición de cuentas", agrega luego.