Un proyecto de ley presentado por las diputadas nacionales entrerrianas Blanca Osuna y Marianela Marclay (Unión por la Patria) tiene por objeto reactivar el programa para prevenir el embarazo no intencional de niñas y adolescentes y promover el derecho a la educación sexual integral. Se trata del Programa ENIA, creado en 2017 y desmantelado por el gobierno de Javier Milei.
La norma, a la cual tuvo acceso Bicameral, tiene como norte principal una "perspectiva de integralidad necesaria para la prevención de embarazos no intencionales, desde el trabajo conjunto de las áreas de salud, desarrollo social y educación". Además, encara un abordaje del embarazo desde el derecho en términos de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, inalienabilidad y progresividad. Se propende a su vez a la contribución a la equidad de género reforzar la autonomía de las mujeres y adolescentes; es decir, la capacidad para tomar decisiones libres e informadas de acuerdo con su elección.
El Programa, de acuerdo a la norma, estará destinado a la población comprendida entre los 13 años y los 19 años. Buscará sensibilizar sobre la importancia de prevenir embarazos no deseados, potenciará el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, brindará información sobre métodos anticonceptivos y desarrollará e implementará dispositivos de intervención que permitan espacios de diálogo y aprendizaje con los adolescentes. Con acompañamiento de agentes del Estado, especialmente de Educación y Salud, se enfocará en asesorías tendientes a mejorar la calidad del conocimiento en la materia en los jóvenes.
"El PENIA se caracteriza, en la actualidad, por insertarse en un paradigma del concepto de salud biologicista y no integral como sí lo fue desde su creación hasta el año 2023. Al mismo tiempo lo despojaron de su carácter federal y territorial, aspecto fundamental ya que permite que las acciones que se implementan sean contextualizadas y generen mejor impacto. La decisión de desfinanciar, aportar solo algunos recursos de anticoncepción y despedir trabajadoras que conforman los equipos territoriales lleva a la adolescencia a una total desprotección. Sumado al desfinanciamiento y falta de política respecto a la educación sexual integral, decisión de la Secretaría de Educación de la Nación", indicaron las autoras en los fundamentos. Y agregaron: "La ley que crea el Programa ENIA se suma a un entramado de legislación nacional e internacional que tienen como objetivo asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes entre ellos el de la salud sexual. Y al mismo tiempo responsabiliza al Estado como quien tiene que garantizarlo".