Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por Noelia Taborda -Juntos por Entre Ríos- busca modificar un artículo de la reciente Ley de Régimen General de Concesiones. En concreto, se busca corregir el 5° apartado, dejando en claro que en algunos sectores en concreto del Estado -Salud, Educación y Seguridad, por ejemplo- pueden ser objeto de concesión, pero siempre con la titularidad del Poder Ejecutivo.
"La redacción propuesta procura compatibilizar la necesidad de preservar el carácter esencial e indelegable de determinadas funciones estatales con la posibilidad de implementar, bajo estrictas condiciones institucionales y de control público, mecanismos de gestión que permitan mejorar la eficiencia, la capacidad operativa, la infraestructura y la calidad en la prestación de determinados servicios", apuntaron los diputados. No obstante, la correción despertó críticas de la oposición, que considera que se abre una puerta para "privatizar" algunos servicios, además de fustigar el hecho de que la norma apenas fue promulgada.
El rechazo del peronismo
En un comunicado enviado a la prensa, el bloque de diputados provinciales Más para Entre Ríos expresó su rechazo al proyecto impulsado Taborda y acompañado por la mayoría oficialista.
"Lo que genera preocupación no es solamente el contenido de la iniciativa, sino también el mensaje institucional que transmite. Se trata de una ley que fue sancionada hace poco más de un mes luego de ser debatida en la Legislatura y que acaba de ser promulgada", indicaron los legisladores del peronismo. Y agregaron: "Sin embargo, el oficialismo legislativo que responde al gobernador Rogelio Frigerio, que votó esa misma ley, ahora pretende modificar uno de sus artículos centrales. Esto constituye una clara desvalorización del trabajo legislativo y una falta de respeto hacia la discusión parlamentaria y los aportes realizados por la oposición".
Los diputados señalaron que durante el debate de la ley uno de los principales planteos del bloque estuvo vinculado a "la necesidad de establecer límites claros e inequívocos para evitar cualquier posibilidad de privatización de áreas sensibles del Estado". "Por eso, el artículo 5° vigente establece de manera expresa que la educación pública, la salud pública, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario quedan excluidos de toda modalidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros", acotaron. Advirtieron, en ese sentido: "La modificación impulsada por el oficialismo elimina esa prohibición explícita y la reemplaza por una redacción que admite la concesión de actividades y funciones esenciales, reservando para el Estado únicamente la titularidad y las facultades regulatorias y de fiscalización".
Desde el justicialismo creen que la diferencia es sustancial: "Mientras el texto vigente prohíbe de manera categórica la concesión de funciones esenciales, la nueva redacción abre la puerta para que esas actividades puedan ser gestionadas por terceros. Resulta llamativo que quienes hace pocas semanas defendían públicamente el texto aprobado ahora sostengan la necesidad de modificarlo. ¿Qué nivel de seriedad tuvo entonces el debate legislativo que llevó a su sanción si, a los pocos días, quieren votar exactamente lo contrario?".
Para cerrar, los legisladores apuntaron: "Esta modificación habilita la concesión de actividades o funciones esenciales. Si se aprueba, se podrá concesionar, privatizar o transferir a terceros la gestión de servicios vinculados a la salud, la educación, la justicia o la seguridad. No se trata solamente de una discusión jurídica, sino fundamentalmente de la definición del rol que debe asumir el Estado en la garantía de derechos fundamentales. La educación, la salud, la justicia y la seguridad son responsabilidades indelegables del Estado".