Un proyecto de resolución presentado este miércoles en la Cámara de Diputados de la provincia insta al Poder Ejecutivo Nacional, a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y a los organismos nacionales competentes que, con carácter urgente, "dispongan la presencia in situ de funcionarios y equipos técnicos en la obra de la Nueva Planta Potabilizadora de Agua de la ciudad de Concordia, a fin de constatar su estado actual, las condiciones de conservación de la infraestructura y del equipamiento, las tareas pendientes y las medidas necesarias para garantizar su inmediata reactivación, finalización y puesta en funcionamiento".
Al mismo tiempo, la iniciativa a la cual accedió Bicameral insta a a la confección de informe actualizado sobre el "estado administrativo, contractual y financiero de la obra; las obligaciones pendientes; el equipamiento electromecánico, eléctrico y tecnológico faltante; el estado de las garantías; los trabajos que restan ejecutar y el cronograma previsto para su reactivación, culminación y puesta en funcionamiento".
La obra a la que hacen referencia los diputados Enrique Cresto y Mariel Ávila (Más para Entre Ríos) comprende una nueva planta potabilizadora, toma de agua sobre el río Uruguay, cisternas, estaciones de bombeo, acueductos y redes de distribución, según se especifica. El proyecto contempla aproximadamente 21 kilómetros de acueductos y 16 kilómetros de redes de distribución, aproximadamente 37 kilómetros de cañerías que se encuentran bajo la tierra de la ciudad de Concordia, además de las instalaciones complementarias necesarias para su funcionamiento.
"La obra, que representa una inversión pública de enorme importancia y que fue concebida para beneficiar a cientos de miles de habitantes, actualmente se encuentra paralizada con un avance de aproximadamente el 93 por ciento, pese a encontrarse próxima a su culminación", agregaron.
Según los diputados, esta "paralización prolongada" no es solo "un problema técnico o contable, sino una evidente falta de voluntad política y de gestión".
"Resulta inadmisible que, contando con un financiamiento multilateral aprobado que solo requiere gestión, control y decisión política para liberar sus certificados, se ponga en riesgo la culminación del proyecto por mera inacción administrativa, postergando indefectiblemente el acceso al agua potable para la ciudad de Concordia", señalan.
