Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos busca establecer un marco regulatorio para las Medicinas Tradicionales, Complementarias e Integrativas, garantizando "condiciones de seguridad, calidad, formación, registro, control y ejercicio responsable". Se trata de aquellas que no están dentro de las prácticas convencionales, pero tienden también al bienestar y a prevenir afecciones, sin que sean necesariamente un sustituto.
La iniciativa, autoría de Liliana Salianas (Partido Conservador Popular) y a la cual tuvo acceso Bicameral, tiene como finalidad "promover un abordaje integral del bienestar de las personas, incorporando prácticas complementarias al sistema de salud, bajo criterios de seguridad, calidad, prevención, información y respeto por la autonomía de las personas". Para ello establece un Principio de Complementariedad, es decir, las prácticas comprendidas tendrán carácter complementario y no sustitutivo respecto de la medicina convencional: "En ningún caso podrán presentarse como reemplazo de diagnósticos, tratamientos o indicaciones efectuadas por profesionales habilitados de la salud".
El texto deja en claro que la norma se regirá por los principios de seguridad, calidad, formación, capacitación, prevención del bienestar, derecho a la información y consentimiento, así como autonomía. Se crea un Registro Provincial de Agentes de Salud Complementaria (REPASC) y se fija una habilitación especial para el ejercicio legal de las prácticas comprendidas dentro de la ley, así como la obligación de contar con un seguro.
"La utilización de prácticas tradicionales, complementarias e integrativas constituye una realidad que no puede ser desconocida por las políticas públicas de salud. Sin embargo, en nuestra provincia existe actualmente una ausencia de regulación específica que permita establecer con claridad quiénes pueden ejercer estas actividades, cuáles son sus competencias, qué formación deben acreditar, cuáles son las prácticas autorizadas y bajo qué condiciones deben desarrollarse", explicó Salinas en sus fundamentos. Y agregó: "Por ello, resulta necesario avanzar hacia un sistema que permita ordenar, registrar, regular y fiscalizar estas prácticas, estableciendo criterios objetivos para su ejercicio y procurando que quienes accedan a ellas puedan hacerlo en condiciones adecuadas de información, seguridad y respeto por sus derechos".
