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Gremios pusieron reparos al proyecto que busca modificar el Código Procesal Laboral

En reunión conjunta, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, y de Trabajo, presidida por el diputado Yari Seyler, continuaron el análisis del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone modificar el Código Procesal Laboral de Entre Ríos.

Participaron representantes de organizaciones sindicales: el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero; la secretaria adjunta, Lía Fimpel, y la apoderada legal, Verónica Fischbach; el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes; el secretario general de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), Mario Barberán; y la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, junto a la asesora legal y técnica Sandra Varas.

También asistieron el referente del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Concepción del Uruguay, Roberto Lencina, acompañado por el asesor letrado Daniel Tedesco, y el presidente del Colegio de Seguridad e Higiene, Darío Botto.

Durante el intercambio, Muntes cuestionó la orientación de la reforma por considerarla contraria a los trabajadores y reclamó un “debate profundo, serio y legítimo” sobre la legislación laboral. Domínguez, por su parte, manifestó preocupación por el contexto en que se desarrolla la discusión, pero consideró que el rechazo integral del proyecto impide introducir mejoras. En ese sentido, propuso “trabajar en un texto que contemple los aportes” de las organizaciones participantes.

El proyecto del Ejecutivo

Como informó oportunamente Bicameral, el proyecto tiene por objetivo introducir "diversas modificaciones en el proceso laboral" de la provincia, atendiendo a uno de los reclamos que realiza el sector empresario: los costos y riesgos de la litigiosidad laboral.

Entre sus principales modificaciones, elimina la exigencia de depositar el capital de condena o garantizarlo mediante bienes como condición para que el empleador acceda al recurso de apelación. De este modo, la admisibilidad de la revisión dependería de “requisitos procesales objetivos”, sin barreras patrimoniales para acceder a una instancia superior.

Este último punto, según supo este medio, recibió objeciones, por lo que podría ser revisado, sin alterar el espíritu de la propuesta.

Otro de los ejes del proyecto es la creación de tres cargos para conformar un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos en el Poder Judicial. Sus integrantes -de acuerdo a la propuesta- accederían mediante un concurso público de oposición y antecedentes y percibirían una remuneración fija. El esquema apunta a garantizar la independencia profesional, la aplicación obligatoria de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y una mayor rigurosidad técnica en los dictámenes.

Además, se propone eximir al Estado provincial y a sus organismos del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales.

Otro de los ejes del proyecto se relaciona con el régimen de honorarios de los peritos y auxiliares de justicia. En el primer artículo se dispone que estos "no estarán vinculados a la cuantía económica del juicio (monto reclamado, monto de condena, al acuerdo transaccional, ni al porcentaje de incapacidad que pudiere determinarse)", sino que serán regulados "prudencialmente por el juez teniendo en cuenta exclusivamente la naturaleza, complejidad, extensión, calidad, utilidad, celeridad y eficacia de la labor técnica realizada en el proceso". La regulación no podrá exceder el equivalente a ocho (8) juristas, según se aclara. Este último punto también recibió objeciones de colegios profesionales.

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