El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, Juan Diego Conti, hizo pública su preocupación por el proyecto del oficialismo para modificar la Ley de Concesiones y presentó una propuesta del bloque del PJ que busca preservar las funciones esenciales del Estado y, al mismo tiempo, habilitar expresamente la contratación de servicios auxiliares o complementarios. La iniciativa, ya había generado repercusiones negativas en la oposición.
“Lo que estamos discutiendo no es una simple reforma de una ley. Es dar vuelta la regla. Hoy están expresamente excluidas de las concesiones la educación pública, la salud, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario. Con la modificación propuesta por el oficialismo esas actividades podrían concesionarse con la sola condición de que el Estado conserve formalmente la titularidad”, señaló Conti durante la reunión de comisión en el Senado de la que participó el secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor.
En ese sentido, el senador consideró necesario distinguir entre la contratación de servicios auxiliares y la delegación de funciones esenciales. “El Estado puede necesitar contratar servicios de limpieza, mantenimiento de edificios, alimentación, lavandería o soporte técnico para garantizar el funcionamiento de sus organismos. Eso es parte de la gestión cotidiana. Otra cosa muy distinta es habilitar que la prestación sustantiva de la salud pública, la educación o la seguridad pueda quedar en manos de terceros”.
En este marco, ejemplificó: “No es lo mismo que el Estado contrate prestaciones bajo su dirección y responsabilidad, que ceder la organización de servicio de salud a un concesionario que cobra tarifas y responde ante sí mismo”.
“Hay prestaciones médicas indispensables para pacientes que necesitan tratamientos periódicos y continuos. Si esa prestación queda en manos de un tercero, surgen interrogantes fundamentales: quién organiza el servicio, quién establece las condiciones de atención, cómo se garantiza la continuidad de los tratamientos y quién responde ante los pacientes. No estamos hablando de una cuestión administrativa, estamos hablando de derechos y de la responsabilidad del Estado sobre la salud de la población”, remarcó.
“Traemos un texto que resuelve el problema que plantea el propio oficialismo: mantiene la prohibición de concesionar las funciones esenciales y aclara que las obras, los bienes y los servicios auxiliares o de apoyo pueden contratarse mediante el régimen general de contrataciones. Es una solución concreta que permite al Estado funcionar sin poner en riesgo la salud, la educación y la seguridad”, explicó Conti.
“Es cierto que el Estado puede seguir siendo el dueño en los papeles, pero al vecino no lo atiende el dueño, lo atiende quien presta el servicio. Y eso es precisamente lo que la reforma podría habilitar a concesionar. Por eso no alcanza con conservar formalmente la titularidad estatal: hay que garantizar quién tiene a su cargo la prestación efectiva y quién responde por ella”, sostuvo finalmente.
