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Diputado presentó un pedido de informes por los "sectores VIP" en la misa del papa León XIV

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, con el objetivo de que expliquen la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina y, en particular, la multitudinaria misa celebrada este lunes en el Monumento a los Españoles.

La iniciativa pone el foco en la existencia de sectores VIP y preferenciales montados para el evento, las contrataciones realizadas por el Estado nacional y las denuncias sobre restricciones que habrían sufrido periodistas acreditados para cubrir la ceremonia.

“Un hecho histórico de masiva fe popular no puede opacarse por privilegios, falta de transparencia en los recursos públicos y restricciones injustificadas al trabajo de la prensa”, sostuvo Paulón al fundamentar su presentación.

Otro de los ejes de la iniciativa de Paulón apunta a las contrataciones realizadas para la organización de la visita papal. En los fundamentos del proyecto se señala que, según información publicada en medios periodísticos, se habrían realizado seis contrataciones directas por urgencia por un monto superior a los 20.350 millones de pesos.

El legislador solicita la remisión de los expedientes correspondientes y explicaciones sobre las razones por las cuales se utilizó el mecanismo de contratación directa pese a que la visita de León XIV era conocida con varios meses de anticipación.

La iniciativa dedica además un apartado al denominado “catering VIP”, requiriendo información sobre la cantidad de servicios contratados, los costos, los proveedores y los beneficiarios. A ello suma consultas sobre carpas, mobiliario, sanitarios, transporte interno, seguridad privada y otros servicios brindados en los espacios preferenciales.

En los fundamentos que reprodujo Parlamentario, Paulón sostiene que la visita del Pontífice constituyó “un hecho del pueblo” y aclara que el proyecto no cuestiona el acontecimiento religioso, sino la necesidad de transparentar el uso de recursos públicos y los criterios aplicados para otorgar lugares de privilegio durante una celebración que convocó a millones de fieles.

Según plantea el texto, el objetivo es determinar quiénes ocuparon esos espacios especiales, quién financió los servicios asociados y bajo qué reglas fueron distribuidas las acreditaciones e invitaciones.

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