Alquileres: la Izquierda llama a “pararle la mano al lobby inmobiliario”

Las referentes del Frente de Izquierda–Unidad en Entre Ríos, Nadia Burgos y Sofia Cáceres Sforza, criticaron la media sanción en la Cámara de Diputados a las modificaciones de la Ley de Alquileres.

“Se evidenció cómo la mayoría de los diputados y diputadas representan al lobby de los grandes propietarios e inmobiliarias. Basta con mirar sus declaraciones juradas y contar la cantidad de propiedades en alquiler que tienen. Avalar con el voto como hizo Juntos por el cambio o por ausencia como hizo el PJ es una derogación de ‘hecho’ de la Ley de Alquileres, porque suprime lo más positivo de esa regulación, a pesar de que la propia Ley tiene limitaciones de origen“, indicó Sforza. Y agregó: “Todos ceden al chantaje de las inmobiliarias. Por ejemplo, desde la aprobación de la Ley de Alquileres nunca, desde el gobierno, aseguraron que se aplique y, ahora, ante las presiones se derriten. Hay que tomar otro camino, impuestos durísimos a la vivienda ociosa e incluso expropiación. Para esto vamos acompañar las acciones en todo el país de las organizaciones de inquilino.

Por su parte, Burgos agregó: “Incluso cuando la Ley de Alquileres vigente es limitada, es prioridad en este contexto pararle la mano al lobby inmobiliario. Las modificaciones con contratos de dos años, actualización de precios cada cuatro meses y el índice que quieran los propietarios y el mercado son un golpe a nuestros derechos. Hoy más que nunca los colectivos de inquilinos, los sindicatos, la izquierda, todos tenemos que movilizar y convocar al Senado cuando se trate este tema, para frenar a las inmobiliarias”.

La dirigente llamó, en ese sentido a discutir una nueva Ley de Alquiler Social, fijar un valor de referencia proporcional al ingreso declarado del inquilino, asegurar garantías gratuitas, establecer un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y, si las inmobiliarias no cumplen, declarar de utilidad social las viviendas sustraídas a la oferta y ponerlas en alquiler público. “La vivienda es un derecho, no un negocio, y la mano dura tiene que ser con los grandes propietarios”, finalizó Burgos.