El Concejo Deliberante de la capital entrerriana aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal que establece un nuevo marco regulatorio del Sistema de Transporte de Paraná y deroga la actual ordenanza en la materia.
En su articulado, la norma aprobada contempla que “el Departamento Ejecutivo deberá garantizar la prestación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros, el que será prestado exclusivamente dentro del ejido de Paraná, por sí o a través de terceros en forma de concesiones de servicio público, según lo normado, bajo condiciones de seguridad, regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios”.
De acuerdo al proyecto que este lunes adelantó Bicameral, hay dos artículos del texto que habilitarían a la Municipalidad a tomar medidas excepcionales, hoy necesarias en el marco del conflicto: el “permiso precario” (artículo 17) y “Prestación directa. Incautación” (artículo 18).
El primero de los artículos establece que el Ejecutivo, cuando lo considere, podrá “otorgar permisos precarios de explotación de servicios”, los cuales no podrán ser mayores a un año.
Con este aspecto se habilita a que, por ejemplo, haya líneas de colectivos que realicen recorridos alternativos para paliar la ausencia de transporte público.
Por otro lado, cuando se habla de “Prestación directa. Incautación” se establece que el Ejecutivo ante la “notoria incapacidad” de la concesionaria del servicio pueda disponer “la prestación directa del servicio incautando los bienes afectados e indispensables para asegurarlo, hasta su regularización y por un plazo no mayor a Ciento Cincuenta (150) días”.
La incautación “no dará derecho a la concesionaria a reclamar resarcimiento o indemnización alguna”.
“El marco regulatorio que se derogó fue la base para el pliego licitatorio que se aprobó en 2017”, recordó el concejal Enrique Ríos.
Y explicó: “Hoy dada la gravedad que tiene la situación del transporte público de pasajeros y fundamentalmente la paralización del mismo, se decidió dotar al Departamento Ejecutivo Municipal con una herramienta que regule el transporte público en la ciudad, que mantenga los derechos y obligaciones, pero que fundamentalmente tenga una mayor flexibilidad para tomar medidas en la emergencia, e ir construyendo el marco normativo para una futura concesión”.
Con estas herramientas, hay expectativas sobre las posibilidades de acción que se le abren al municipio, que en el marco de un prolongado paro de colectivos podría habilitar el ingreso de nuevas empresas e incluso, mediante el artículo 18, tomar las riendas del servicio de manera momentánea.