Un proyecto que declara la emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas e infraestructura vial de Entre Ríos ingresará este martes al Senado. La norma, en caso de aprobarse, regirá por un año, con la posibilidad de prorrogarse seis meses.
De acuerdo a la iniciativa, a la cual tuvo acceso Bicameral, la emergencia se declara “con el objeto de reestructurar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obra pública, cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia; y llevar adelante acciones para la recuperación de la trama vial provincial, para garantizar así el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos”.
El proyecto se aplicará a los tres poderes y a entes descentralizados, sin quedar incluidos contratos con organismos internacionales. Facultará, en caso de tener sanción, a rescindir o renegociar contratos de obra pública, así como también a suspender trabajos. En caso de dar de baja proyectos, podrá cancelar certificados e indemnizar a las empresas con fondos derivados de Títulos de la Deuda Pública u otras modalidades del Uso del Crédito Público.
En el marco de la emergencia vial, la ley en su artículo 6° autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a realizar contrataciones directas por vía de excepción de obras públicas, para lograr la “recuperación de la infraestructura” de caminos entrerrianos.